La Asamblea Nacional de Ecuador, dominada por el oficialismo, ha dado luz verde a una nueva legislación que busca incentivar la donación de viviendas de interés social. Esta medida, promovida por el presidente Daniel Noboa, permitirá a los contribuyentes que realicen donaciones de este tipo beneficiarse con una reducción del impuesto a la renta, con un límite del 30% del impuesto generado. La aprobación se llevó a cabo en una sesión plenaria en la que se registraron 83 votos a favor de un total de 146 asambleístas presentes, mientras que los opositores del correísmo manifestaron su desacuerdo, argumentando que la reforma favorece a los sectores más adinerados del país.
La urgencia de la propuesta se enmarca en un contexto económico complicado, lo que llevó a su categorización como una reforma de naturaleza urgente. Esta figura constitucional obliga al Parlamento a analizar la iniciativa dentro de un plazo de treinta días, y, en caso de no ser aprobada, podría entrar en vigor automáticamente. Este mecanismo ha generado un debate intenso sobre la responsabilidad del gobierno en la atención de las necesidades habitacionales del país, donde la falta de viviendas adecuadas supera las 700.000 unidades, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La reforma modifica la Ley de Régimen Tributario Interno, estableciendo que los contribuyentes que donen viviendas que cumplan con el subsidio estatal tendrán derecho a una reducción del 100% del valor donado, siempre que no exceda el 30% del impuesto a la renta que les corresponda en el ejercicio fiscal. Esta medida, que tendrá vigencia desde el período fiscal 2026 hasta el 2029, busca no solo fomentar la donación de viviendas, sino también estimular la economía a través de la generación de empleo en el sector de la construcción.
En este sentido, la asambleísta oficialista Valentina Centeno destacó que la ley tiene como objetivo fundamental la reducción del déficit habitacional, así como el impulso de la economía local. Centeno también subrayó que se ha incluido como beneficiarios a aquellos que requieren un subsidio parcial y que pueden completar el financiamiento de su vivienda mediante un crédito, ampliando así el alcance de la medida.
Por otro lado, el asambleísta Ricardo Patiño, representante del correísmo, cuestionó las intenciones del gobierno, argumentando que existen recursos y políticas adecuadas para la construcción de viviendas sociales. Según Patiño, la modificación de la normativa aparenta ser una estrategia para beneficiar a ciertos grupos económicos, lo que podría resultar en una disminución de los recursos disponibles para el Estado.
Finalmente, se ha establecido que el Servicio de Rentas Internas, en conjunto con el Ministerio de Infraestructura, tiene un plazo de 30 días para elaborar y publicar las regulaciones secundarias necesarias para la implementación efectiva de estas reformas. La situación plantea un escenario en el que se deberán equilibrar las necesidades habitacionales de la población con las responsabilidades fiscales del Estado, un desafío que requerirá atención y compromiso por parte de todos los sectores involucrados en la problemática habitacional del país.
