La reciente decisión del Jurado de Enjuiciamiento de destituir a Mariano Riva, quien hasta ahora se desempeñaba como titular del Tribunal de Trabajo N° 4 de Mar del Plata, ha sacudido los cimientos del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Este fallo, que se basa en múltiples denuncias de maltrato, acoso sexual y abuso de poder, representa un avance significativo en la lucha contra la violencia laboral y de género dentro de las instituciones judiciales. La resolución, impulsada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), se fundamenta en testimonios de más de 20 víctimas que expusieron sus vivencias ante el jurado.

El proceso de destitución no solo se apoyó en las denuncias de las afectadas, sino también en peritajes oficiales que corroboraron las conductas inapropiadas del ex magistrado. Entre las acusaciones que pesaban sobre Riva, se destacó su práctica de trasladar a su personal como forma de castigo, así como la utilización de críticas injuriosas que afectaban el clima laboral en el tribunal. La gravedad de las denuncias y la contundencia de las pruebas presentadas llevaron al jurado a determinar la máxima sanción posible, subrayando que no se tolerará la violencia ni el acoso en el ámbito judicial.

Oscar Yenni, secretario general de la AJB, hizo hincapié en la importancia de este fallo al señalar que "marca un precedente" en la lucha contra la violencia de género y el maltrato en el trabajo. Yenni subrayó que la resolución del Jurado de Enjuiciamiento es un claro mensaje de que el Poder Judicial debe ser un espacio seguro y respetuoso para todos sus integrantes. Esta destitución podría incentivar a otras víctimas a alzar la voz y denunciar situaciones similares, contribuyendo a un cambio cultural necesario dentro de la justicia.

Por otro lado, Mónica Blanc, secretaria de Género y Diversidad de la AJB, resaltó la importancia de buscar apoyo institucional ante situaciones de acoso y maltrato. Blanc afirmó que la AJB se posiciona como un espacio para canalizar estos reclamos y buscar justicia, al tiempo que destacó la necesidad de construir un Poder Judicial más democrático y libre de violencias. En sus declaraciones, enfatizó que la resolución en el caso de Riva es un paso importante hacia la erradicación de estas problemáticas en el ámbito judicial, donde muchas mujeres aún enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Antes de su destitución formal, Mariano Riva había sido apartado de su cargo en febrero de 2024 por decisión de la Suprema Corte de Justicia, que había impuesto una licencia compulsiva mientras se llevaba a cabo el jury en su contra. En esa etapa inicial, Riva ya había comenzado a sufrir consecuencias económicas, con un embargo del 40% de su salario, lo que refleja la seriedad de las acusaciones y la respuesta institucional ante las mismas. Este caso pone de manifiesto la necesidad de un sistema judicial que no solo castigue a los culpables, sino que también proteja a quienes se animan a denunciar.

En otro ámbito del sistema judicial, el Consejo de la Magistratura ha elevado una acusación contra Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, por expresiones antisemitas en su cuenta de X. Esta situación se deriva de una investigación sobre la conducta digital del magistrado, que revela un patrón de mensajes hostiles hacia la comunidad judía. Si el plenario del Consejo aprueba la acusación, López podría enfrentar un juicio político por mal desempeño, lo que también subraya la importancia de mantener estándares éticos y de conducta en el Poder Judicial.

La posibilidad de que López sea suspendido y juzgado por sus comentarios refleja un creciente compromiso por parte de las instituciones en erradicar todo tipo de conductas discriminatorias y de odio. Este tipo de medidas no solo busca sancionar a los individuos que actúan de manera inapropiada, sino que también pretende sentar un precedente claro en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen o condición. En este contexto, la labor de los organismos de control y los gremios se vuelve crucial para garantizar un ambiente de trabajo justo y respetuoso en el ámbito judicial.