A medida que se aproxima el mes de junio, el Gobierno nacional avanza de manera decidida en la implementación de un proyecto de desregulación inmobiliaria, liderado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Este plan busca transformar profundamente el funcionamiento del corretaje en Argentina, generando un clima de tensión creciente entre diversas cámaras empresariales, colegios profesionales y actores clave del sector inmobiliario. La propuesta, que ya ha comenzado a ser objeto de debate público, busca modificar aspectos fundamentales del ejercicio profesional en el área, lo que ha suscitado preocupaciones sobre sus posibles repercusiones en el mercado y en la seguridad jurídica de las operaciones.
El borrador del proyecto, que se prevé que sea presentado ante el Congreso durante el mes de junio, plantea la eliminación de la obligatoriedad de contar con un título universitario y matrícula para ejercer como corredor inmobiliario. Esta modificación permitiría que tanto personas físicas como jurídicas puedan actuar como corredores, abriendo las puertas a una mayor competencia en el sector. Además, el texto sugiere liberar los honorarios y las comisiones, permitiendo que sean acordados libremente entre las partes, sin la imposición de pisos mínimos o topes máximos.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la habilitación del corretaje a través de plataformas digitales y aplicaciones móviles, lo que, según sus defensores, promovería un entorno más dinámico y competitivo. Sin embargo, los colegios inmobiliarios han expresado profundas reservas sobre la viabilidad y la constitucionalidad de esta iniciativa, argumentando que podría poner en riesgo la integridad de las transacciones inmobiliarias y la confianza del consumidor. En este sentido, el proyecto ha reavivado un debate sobre el rol de los colegios profesionales como entidades reguladoras del sector, que algunos consideran esenciales para garantizar la calidad y la ética en las operaciones.
En este contexto, resurge una declaración hecha por Patricia Bullrich, actual senadora nacional por La Libertad Avanza, cuando en 2023 se reunió con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI). Bullrich enfatizó que la figura del corredor inmobiliario matriculado otorga confianza a las partes involucradas en una transacción y es crucial para el éxito de estas operaciones. Su postura pone de relieve un desacuerdo interno dentro del oficialismo respecto a cómo debe estructurarse el mercado inmobiliario y a qué grado de regulación debe estar sometido.
Las modificaciones propuestas en el borrador incluyen no solo la eliminación de la matrícula y del título, sino que también se permitiría la simultaneidad con otras profesiones o actividades lícitas. Estas medidas, según los promotores del proyecto, buscan derribar las barreras de entrada existentes que dificultan la participación de nuevos actores en el mercado. Sin embargo, esta visión es fuertemente cuestionada por los colegios profesionales y otros referentes del sector, quienes advierten que la falta de regulación podría derivar en un aumento de prácticas desleales y en la desprotección de los consumidores.
La agenda desreguladora que impulsa el Gobierno se manifiesta en este y otros sectores, pero en el caso del corretaje inmobiliario, las implicancias son especialmente delicadas, dada la importancia de la vivienda y los bienes raíces en la economía argentina. La falta de un marco regulatorio claro podría generar distorsiones en el mercado y afectar la confianza de los inversores y compradores. Así, el debate sobre la desregulación del corretaje inmobiliario se convierte en un punto neurálgico de la política actual, donde se enfrentan visiones sobre el futuro del sector y la necesidad de garantizar tanto la competencia como la seguridad jurídica en las transacciones.
