La actual situación política en Bolivia ha suscitado un intenso debate sobre la capacidad del presidente Rodrigo Paz para ejercer el liderazgo en un contexto marcado por la persistencia de un poder paralelo que, según analistas, está íntimamente relacionado con el narcotráfico. Durante un reciente foro organizado por el Interamerican Institute for Democracy, destacados expertos coincidieron en que la administración de Paz se enfrenta a un aparato estatal, judicial y de seguridad que no ha logrado desmantelar las estructuras políticas y económicas que se consolidaron durante el gobierno anterior del Movimiento al Socialismo (MAS). Esta continuidad, a juicio de los especialistas, pone en jaque la posibilidad de implementar cambios significativos en el país.
Carlos Sánchez Berzaín, quien dirige el mencionado instituto, expuso que, aunque Paz ha asumido formalmente el gobierno, el verdadero poder sigue en manos de actores que operan al margen de la ley y que han logrado establecer un control efectivo sobre diversas áreas del Estado. "Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no el poder", enfatizó, subrayando la urgencia de una reforma que permita transformar el marco institucional hacia una democracia plena. La disyuntiva que enfrenta el actual mandatario es clara: continuar con el legado del MAS o impulsar una verdadera renovación que contemple cambios profundos en leyes e instituciones.
En el mismo foro, el vocero presidencial José Luis Gálvez ofreció una visión contundente al señalar la existencia de un "estado paralelo" que ha sido heredado del régimen anterior y que tiene la capacidad de financiar acciones de protesta y controlar el tráfico de drogas. Gálvez afirmó que el gobierno está trabajando en colaboración con organismos internacionales para abordar esta problemática, aunque muchos cuestionan si estas iniciativas serán suficientes para desmantelar las redes que operan en la sombra del Estado.
El analista financiero Mauricio Ríos, por su parte, introdujo una perspectiva distinta al destacar que la crisis boliviana no se limita a los conflictos sociales y los bloqueos de calles. Ríos argumentó que la falta de claridad en los proyectos gubernamentales obstaculiza el financiamiento necesario para abordar la crisis económica, que se agrava cada día. Sin un respaldo financiero sólido, el Estado se encuentra en una posición vulnerable ante la posibilidad de que resurjan episodios de conflictividad que amenacen la estabilidad.
Desde la academia, Eduardo Gamarra, experto en ciencias políticas, advirtió que, a pesar de haber recuperado un sistema democrático, Bolivia no ha logrado alcanzar la paz social. Para Gamarra, el principal reto del gobierno de Paz radica en la lucha contra la narcoindustria, un fenómeno que ha crecido y que, según él, es mucho más complejo que la figura de Evo Morales. El académico instó a la administración actual a identificar a los actores que se benefician de este sistema y que, a su juicio, están detrás del financiamiento de las movilizaciones y protestas que han marcado la agenda política en los últimos tiempos.
El ex gobernador de Santa Cruz, Guido Añez, también se hizo eco de esta preocupación, describiendo la etapa actual como un proceso de transición entre un "narco-estado" y un estado verdaderamente democrático. Añez subrayó que durante dos décadas la infiltración de los narcotraficantes en las fuerzas armadas y el aparato estatal ha socavado la capacidad del gobierno para llevar a cabo reformas efectivas. En su opinión, resulta imperativo fomentar una liberalización económica, atraer inversión extranjera, y establecer un gobierno más inclusivo que esté preparado para enfrentar futuras crisis, especialmente en el ámbito energético.
Sánchez Berzaín también contextualizó la situación en Bolivia dentro de un fenómeno regional más amplio, que se inició con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y la expansión del socialismo del siglo XXI. Según su análisis, Bolivia ha experimentado un cambio drástico en su autonomía y proyección gasífera, transformándose en un país donde las estructuras del poder han sido reconfiguradas en función de intereses que a menudo contradicen el bienestar general de la población. Este marco de análisis revela la complejidad de la situación boliviana, donde el gobierno de Rodrigo Paz se encuentra ante el desafío monumental de revertir décadas de descomposición institucional y combatir un fenómeno como el narcotráfico, que amenaza no solo la estabilidad política, sino también la integridad del Estado mismo.
