En una situación que ha generado preocupación en el ámbito de la libertad de prensa en Ecuador, Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), la editora de los periódicos Expreso y Extra, ha denunciado lo que considera un nuevo intento de amedrentamiento por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Esta denuncia surge en el contexto de la intervención que sufrió la empresa en febrero de este año por parte de la Superintendencia de Compañías, lo que ha intensificado las tensiones entre el Gobierno y los medios críticos.

A través de un comunicado divulgado en Expreso, Granasa ha expresado su alarma respecto a un posible intento del Gobierno de apoderarse del 40% de las acciones de la compañía, utilizando como herramienta la Fiscalía General del Estado. Esta situación se agrava si se considera que ya en febrero, Eduardo Carmigniani, procurador judicial de Granasa, había manifestado que la Superintendencia había intentado apropiarse de dicho porcentaje de acciones al detectar presuntas irregularidades en un traspaso de acciones realizado hace seis años, lo que se suma a un clima general de hostigamiento.

Recientemente, Granasa informó que ha circulado en redes sociales una supuesta denuncia presentada por Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera, en la que se menciona a directivos de Granasa, entre otros. Sin embargo, la empresa ha señalado que ninguno de los implicados ha recibido notificación formal al respecto, lo que refuerza su percepción de que se trata de una estrategia de intimidación por parte del Gobierno, que busca limitar la libertad de expresión y la independencia editorial.

Granasa ha emitido un firme llamado a la ciudadanía y a la comunidad internacional para que estén atentos a esta situación, que consideran un intento de hostigamiento por parte del Estado. La empresa sostiene que estos ataques no son nuevos, ya que anteriormente enfrentaron acusaciones infundadas de fraude tributario y lavado de activos, así como una intervención administrativa que califican de ilegal por parte de la Superintendencia de Compañías.

La situación se complica aún más debido a la reciente filtración de información por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), que involucró a Granasa en un caso de supuesta defraudación tributaria. La defensa de la empresa interpreta esta acción como parte de una estrategia sistemática para desprestigiar a la compañía y asfixiarla económicamente. En este contexto, Granasa reafirma su compromiso de resistir ante lo que consideran un atropello a la libertad de prensa y a la propiedad privada en el país.

Finalmente, la empresa ha instado a los organismos internacionales de derechos humanos a que monitoreen de cerca el proceso, argumentando que la independencia de sus medios se encuentra en peligro ante la intención del Estado de tomar control sobre las acciones de Granasa. Esta situación refleja un panorama preocupante para la libertad de expresión en Ecuador, donde la presión sobre los medios críticos se ha intensificado en los últimos meses, generando un debate sobre los límites de la libertad de prensa y el papel del Estado en la regulación de la información.