La Delegación del Gobierno en Madrid se desvinculó este miércoles del dispositivo policial desplegado frente a la vivienda de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito de Retiro que se encuentra a la espera de ser desahuciada. Según fuentes del organismo, la Policía Nacional actúa en el lugar en cumplimiento de las instrucciones de la comisión judicial encargada de ejecutar el desalojo.
Las mismas fuentes señalaron que la Delegación no dirige el operativo instalado en las inmediaciones del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda y expresaron su oposición al desahucio. No obstante, diferenciaron esa postura de la obligación de los agentes de atender el requerimiento judicial y garantizar que el procedimiento se desarrolle en condiciones de seguridad.
De acuerdo con esa explicación, las decisiones sobre el perímetro establecido alrededor del inmueble y las condiciones de acceso corresponden a los responsables policiales, bajo mandato judicial. En un primer momento, la zona de seguridad impidió incluso el ingreso de los medios de comunicación ante la llegada de la comisión judicial.
Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que la Policía Nacional se limitó a cumplir con el mandato judicial. Posteriormente, se habilitó un sector para que los periodistas pudieran trabajar, aunque continuó restringido el acceso al área en la que operaba la comisión judicial.
