Cuba ha dado un paso histórico al permitir por primera vez en seis décadas la creación de empresas público-privadas, según lo establecido en un nuevo decreto-ley publicado en la Gaceta Oficial de la República. Esta normativa otorga a las compañías mixtas la capacidad de decidir sobre los productos o servicios que ofrecen, así como sobre los precios y la cantidad de empleados que contratan, incluyendo la fijación de sus salarios. Este cambio en la política económica representa un giro significativo, ya que hasta ahora el país se había limitado a un modelo de empresas estatales y un sector privado altamente restringido.
La medida se implementa en un escenario de severa crisis económica y energética, exacerbada por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la dificultad para obtener petróleo de Venezuela. Desde la interrupción del suministro de crudo venezolano, provocada por la intervención militar de EE.UU., el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha enfrentado grandes retos para abastecer de energía tanto a la población como a las industrias. En respuesta a esta situación, en febrero, se anunciaron medidas urgentes para mitigar la escasez crítica de combustible.
El nuevo decreto-ley facilita la formación de sociedades mixtas que podrán incluir a empresas estatales y privadas, tanto locales como extranjeras. Estas empresas tendrán más libertad en cuanto a su régimen de contratación y salarios, sin restricciones estrictas sobre la cantidad de trabajadores. Sin embargo, se excluyen explícitamente de esta normativa las áreas de salud y educación, así como actividades sensibles para la seguridad nacional. Esta apertura busca atraer inversiones y aumentar la flexibilidad en la economía cubana, con el objetivo de mejorar la producción y los servicios en diversos sectores económicos lícitos.
