Cuatro de los 13 integrantes de la Junta Electoral Central (JEC) reclamaron revisar todas las inscripciones realizadas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) durante los últimos cuatro años. El objetivo de la propuesta es exigir una justificación más precisa sobre el municipio elegido por los nuevos electores, una decisión que determina la circunscripción electoral en la que quedan registrados.
El planteo surgió en el marco de la controversia por la nacionalización de descendientes de exiliados a través de la llamada “ley de nietos”. La semana pasada, la JEC aprobó una instrucción que incorporó las propuestas de la Oficina del Censo Electoral (OCE) para reforzar los requisitos destinados a que cada elector fundamente su decisión de inscribirse en un municipio y no en otro.
La resolución no fue unánime. Los magistrados Vicente Magro Servet, de la Sala Segunda, y Fernando Marín Castán, ya jubilado, junto con los catedráticos Javier Tajadura Tejada y Carlos Vidal Prado —ambos propuestos por el PP para integrar la Junta— presentaron un voto particular en el que consideraron insuficientes las medidas adoptadas.
Los cuatro vocales también cuestionaron el informe de la OCE porque, según señalaron, describe el procedimiento de inscripción en el CERA para los electores cuya última residencia estuvo en España, pero no aborda el caso de quienes obtienen la nacionalidad mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Se trata, indicaron, de personas que “no proceden de España ni han tenido en ella residencia alguna”.
