En un contexto alarmante marcado por un aumento en los feminicidios, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparecerá este miércoles 25 de marzo ante el Congreso de los Diputados. Su presentación se produce en medio de un clamor por parte de varias comunidades autónomas que han cuestionado la efectividad de los protocolos actuales de evaluación y protección de las víctimas. La situación es crítica: en lo que va del año, se han registrado trece asesinatos de mujeres y dos de menores a manos de agresores, cifras que evidencian un preocupante repunte de la violencia machista en el país.
El informe que presentará Martínez Perza tiene como objetivo evaluar el Pacto de Estado en materia de violencia de género, un acuerdo que pretende ofrecer un marco robusto para la protección de las víctimas. Sin embargo, los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto la fragilidad de este sistema. En particular, se ha señalado que tres de las cuatro últimas mujeres asesinadas estaban clasificadas como casos de riesgo bajo dentro del sistema VioGén, lo que ha llevado a las autoridades a solicitar una revisión de los criterios de valoración.
Las comunidades de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Extremadura han expresado su preocupación sobre la efectividad de los protocolos de protección y valoración. En una reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género en Madrid, se resaltó la necesidad urgente de revisar los mecanismos que determinan el nivel de riesgo de las mujeres. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, comentó que los protocolos vigentes han demostrado ser ineficaces y se requiere una revisión exhaustiva.
Desde Andalucía, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, también hizo hincapié en la falta de actualización de los sistemas de evaluación de riesgo. Según López, es fundamental que todas las administraciones trabajen de manera coordinada para mejorar la respuesta institucional ante la violencia de género. La urgencia de este llamado se ve reflejada en el alarmante incremento de asesinatos machistas, lo que subraya la necesidad de ajustes inmediatos en los protocolos existentes.
Además, la Xunta de Galicia ha manifestado en múltiples ocasiones su interés por mejorar los mecanismos de valoración, subrayando la importancia de detectar fallos en la identificación de situaciones de riesgo. Los datos apuntan a que los sistemas actuales no solo son insuficientes, sino que podrían estar contribuyendo a la desprotección de mujeres que, a pesar de cumplir con ciertos criterios, siguen siendo víctimas de actos de violencia extrema.
La presentación de Martínez Perza en el Congreso no solo es un momento crucial para abordar las ineficacias del sistema, sino que también representa una oportunidad para que las comunidades autónomas y el Gobierno central unan esfuerzos en la lucha contra la violencia de género. La esperanza es que estas discusiones lleven a la implementación de medidas más efectivas y, sobre todo, a la salvaguarda de la vida de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En un contexto donde cada cifra representa una vida perdida, es imperativo que se actúe con rapidez y determinación para revertir esta alarmante tendencia.
