La situación en la Defensoría de la Niñez se ha vuelto un tema candente en el ámbito político argentino, especialmente desde que en 2025 la entidad se encuentra sin un liderazgo claro. La reciente disputa se centra en la creación de la Comisión Bicameral del Congreso, encargada de elegir a las autoridades que guiarán la defensoría. Aunque la Cámara de Diputados había otorgado una media sanción para la designación de María Paz Bertero como nueva titular, un movimiento legislativo impulsado por La Libertad Avanza ha complicado la situación, generando tensiones políticas que ahora han llegado a los tribunales.

La controversia se originó el 12 de mayo, cuando se constituyó la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta reunión fue marcada por la designación de dos autoridades ligadas a La Libertad Avanza: Vilma Bedia y Nicolás Mayoraz, quienes asumieron la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Sin embargo, la conformación de la comisión fue cuestionada por el peronismo, que alegó que la distribución de los representantes no respetaba la proporcionalidad política, otorgando un trato desigual a los bloques legislativos. Este escenario llevó a la oposición a presentar un amparo judicial, lo que resultó en un fallo adverso para la estrategia de La Libertad Avanza.

El juez federal Enrique Lavie Pico, encargado de evaluar el caso, concluyó que la creación de la comisión había sido realizada sin el debido respeto a las normativas que rigen la representación política en el Congreso. En su dictamen, el magistrado señaló que la decisión de constituir la comisión violaba tanto el reglamento de la Cámara de Senadores como la ley que establece su funcionamiento. Este fallo no solo sienta un precedente en la lucha por el poder legislativo, sino que también refuerza la necesidad de un manejo transparente y equitativo en la política argentina.

La notificación del fallo sucedió justo un día antes de una reunión programada de la Bicameral, donde el oficialismo había planeado abrir un nuevo concurso público para la selección de un nuevo defensor, además de revisar los exámenes realizados por los postulantes en 2025. Sin embargo, la cita fue cancelada, lo que generó malestar en la oposición, que no recibió una justificación formal por parte del oficialismo sobre esta decisión. La falta de comunicación y la aparente falta de transparencia en este proceso han alimentado aún más la desconfianza entre los bloques.

El senador Daniel Bensusán, del bloque justicialista, expresó su preocupación en redes sociales, destacando que dos bloques con la misma cantidad de senadores habían recibido un trato completamente diferente. Según Bensusán, la ausencia de una justificación sólida para la conformación de la comisión demuestra una clara arbitrariedad e ilegalidad. Por su parte, Anabel Fernández Sagasti, otra legisladora del peronismo, indicó que la razón detrás de la cancelación de la reunión radica en los requerimientos legales establecidos por el amparo, que obligan al oficialismo a realizar cambios en la composición de la Bicameral para que sus decisiones no sean declaradas nulas.

Con este escenario, el oficialismo se encuentra en una encrucijada, ya que deberá decidir entre mantener a Vilma Bedia o Carmen Álvarez Rivero como sus representantes en el Senado. La disputa en torno a la Defensoría de la Niñez no solo refleja las tensiones internas del Congreso, sino que también pone de manifiesto la fragilidad de las alianzas políticas en un contexto donde la representación equitativa es fundamental. Mientras tanto, el futuro de la Defensoría y de los derechos de los menores en Argentina penden de un hilo, a la espera de que se resuelvan las diferencias en el ámbito legislativo.