La situación del Frigorífico General Pico, conocido por su asociación con la famosa marca de hamburguesas Paty, ha llegado a un punto crítico que va más allá de las cifras de producción y empleo. Desde el 31 de marzo, la empresa ha formalizado su concurso preventivo de acreedores en los tribunales, un paso que refleja la profunda crisis financiera que atraviesa. Esta situación se ha venido gestando lentamente, como un problema latente que ha afectado no solo a la planta en sí, sino también a sus trabajadores y proveedores.
La empresa, situada en La Pampa, presenta un panorama desolador con 1.152 cheques rechazados que suman más de $15.800 millones, junto a una deuda bancaria que asciende a aproximadamente $24.300 millones. Estos números revelan un déficit total que supera los $40.000 millones, sin considerar otros compromisos financieros y laborales que también se han visto comprometidos. Esta situación crítica pone de manifiesto el descalabro financiero que enfrenta el frigorífico, cuya viabilidad ya no puede sostenerse por más tiempo.
El concurso preventivo no ha sido una estrategia de expansión o una maniobra financiera planificada, sino que representa el último recurso para una empresa que ha intentado sin éxito encontrar una salida viable a su crisis. En un comunicado oficial, Ernesto “Tito” Lowenstein y Alan Lowenstein, presidente y vicepresidente de la firma, respectivamente, informaron que las negociaciones con un grupo inversor europeo no llegaron a buen puerto, dejándolos sin opciones para continuar operando. Este desenlace ha llevado a la compañía a buscar protección judicial para intentar asegurar su continuidad y la preservación de los empleos.
El comunicado, sin embargo, no se limitó a exponer la situación formalmente; también reveló tensiones internas que complicaron aún más el intento de rescate. La empresa criticó a un grupo financiero que actúa como acreedor y accionista, alegando que estas partes han obstaculizado las alternativas que se habían presentado para mantener la operación. Según la firma, este actor priorizó sus intereses financieros personales sobre el bienestar general de la compañía, lo que ha contribuido a la actual crisis.
Entre las opciones que se habían considerado para evitar el concurso, se mencionaron propuestas de explotación a largo plazo, ofertas para una salida inmediata e incluso una valoración de cerca de u$s40 millones a través de un sistema de leasing a ocho años. Sin embargo, ninguna de estas opciones logró avanzar, lo que obligó a la empresa a pasar de una fase de negociación empresarial a una reestructuración judicial inevitable. Esta transición refleja la gravedad de la situación y el impacto que ha tenido en la operatividad del frigorífico.
La crisis del Frigorífico General Pico no es un evento aislado, sino el resultado de un deterioro progresivo que ha ido afectando la salud financiera de la planta. A principios de este año, la compañía ya había suspendido a 450 trabajadores, y sus operaciones se habían reducido a un nivel mínimo, reflejando así el colapso inminente de su estructura. Este contraste con el auge que la firma había experimentado en el pasado resalta las complejidades y desafíos que enfrentan muchas empresas en el actual contexto económico del país.
