La tensión en el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha alcanzado niveles críticos, lo que llevó al Gobierno a convocar a las empresas de colectivos para abordar el conflicto que ya afecta a varias líneas. La Secretaría de Transporte, bajo la dirección de Fernando Herrmann, recibirá a los representantes del sector el próximo jueves a las 11 de la mañana. La reunión se centrará en revisar la estructura de precios y subsidios, elementos clave para la operación de las empresas en el contexto actual de crisis económica.

El trasfondo de esta situación se encuentra en el reciente aumento del precio del gasoil, que ha llevado a algunas empresas a reducir la frecuencia de sus servicios. En algunos casos, la disminución ha llegado hasta un 30%, lo que afecta gravemente a los usuarios que dependen del transporte público. Esta decisión ha sido consecuencia del incremento exponencial en el costo del combustible, que ha pasado de un promedio de 65 dólares por barril a más de 100 dólares en apenas unas semanas, un fenómeno relacionado con la inestabilidad en Medio Oriente.

El impacto de esta crisis no se limita a los precios del combustible, sino que también se refleja en la falta de actualización de los costos operativos por parte de las autoridades. En las últimas semanas, el precio del gasoil ha subido entre un 20% y un 25%, provocando un efecto dominó en los costos logísticos de las empresas de transporte. En este marco, las compañías han solicitado al Gobierno una revisión inmediata de la estructura de subsidios, argumentando que el precio de referencia que se utiliza actualmente está desactualizado, lo que complica aún más su situación financiera.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la discusión sobre la estructura de precios y subsidios ha sido un tema recurrente. Las empresas han hecho llegar una carta al secretario Herrmann, solicitando que se considere el aumento de los combustibles en el cálculo de los costos, así como una asignación adicional correspondiente al mes de abril. Este pedido busca mitigar el impacto de los constantes aumentos y asegurar la viabilidad operativa de las líneas de colectivos.

El panorama se torna más complejo con las advertencias de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyo vocero ha dejado claro que si los choferes no reciben sus salarios, no saldrán a trabajar. Esta situación pone en jaque la continuidad del servicio, dado que la falta de pago puede llevar a un paro generalizado en el transporte. Los días que se avecinan son claves, y la presión sobre el Gobierno crece a medida que se aproxima la fecha de pago de subsidios programada para este miércoles.

A su vez, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), Luciano Fusaro, ha expresado que la reducción de frecuencias en el servicio es una medida forzada por la situación económica y no una decisión voluntaria de las empresas. Fusaro ha reiterado la necesidad de encontrar soluciones en las próximas reuniones para evitar un colapso total del sistema de transporte. Sin embargo, el futuro inmediato sigue siendo incierto, y las medidas que se tomen en los próximos días serán cruciales para la estabilidad del servicio de colectivos en Buenos Aires.