El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos se encuentra en una situación crítica que podría llevar a largas esperas en los controles de seguridad en los aeropuertos a partir del próximo mes de mayo. Markwayne Mullin, secretario del DHS, ha alertado sobre la inminente falta de recursos para garantizar el pago de salarios a más de 260.000 empleados, lo que podría desestabilizar las operaciones de seguridad en los aeropuertos y en otras 22 agencias que dependen de esta entidad. La creciente parálisis legislativa y la falta de nuevos fondos han generado un escenario preocupante para la seguridad nacional.
La crisis presupuestaria que enfrenta el DHS se ha intensificado debido a la inacción del Congreso, que no ha logrado acordar nuevas asignaciones. En una reciente entrevista en Fox News, Mullin destacó que la situación es insostenible, ya que el departamento ha tenido que operar con un déficit que ha llevado a más de 70 días de suspensión de operaciones, estableciendo un nuevo récord en la historia de las agencias gubernamentales estadounidenses. Esto no solo afecta a los empleados del DHS, sino también a la seguridad de millones de pasajeros que transitan por los aeropuertos del país.
En el contexto actual, el DHS cuenta únicamente con 1.400 millones de dólares de los 10.000 millones que fueron asignados por la ley One Big Beautiful Bill (OB3), implementada durante la administración de Donald Trump. Esta cifra resulta insuficiente para cubrir la nómina quincenal de los trabajadores, que requiere entre 1.600 y 1.700 millones de dólares. Mullin enfatizó en su intervención que, tras el próximo pago, no habrá más fondos disponibles para continuar operando, lo que imposibilitaría al presidente emitir órdenes ejecutivas para destinar recursos adicionales.
La falta de financiamiento no solo pone en riesgo los salarios de los empleados del DHS, sino que también afecta a las operaciones de otras áreas críticas. Según Mullin, los fondos disponibles únicamente han permitido el pago de sueldos, dejando sin recursos a contratistas, así como a otras operaciones esenciales como el mantenimiento de barcos de la Guardia Costera. La situación se ha vuelto insostenible, y la falta de recursos ha llevado a que muchos agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) no puedan costear el transporte hacia sus lugares de trabajo, lo que ha resultado en un aumento de ausencias.
Desde febrero, las consecuencias de esta crisis comenzaron a sentirse en el día a día de los ciudadanos. Programas importantes como Global Entry y PreCheck han sido suspendidos temporalmente, y muchos servicios en aeropuertos han sido cerrados parcialmente. Además, se ha tenido que reubicar a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que asuman tareas de control de pasajeros, lo que ha generado una presión adicional sobre los recursos disponibles.
Es importante señalar que esta crisis no es un hecho aislado. Muchos de los empleados del DHS ya habían experimentado dificultades financieras durante el cierre parcial del gobierno del otoño anterior, donde enfrentaron un atraso salarial de seis semanas. Según una ley aprobada en 2019, estos trabajadores tienen derecho a recibir pagos retroactivos, pero esta disposición no resuelve su situación actual, que sigue siendo crítica y llena de incertidumbre.
Finalmente, Mullin hizo un llamado a la reflexión sobre la situación de los empleados del DHS, quienes, a pesar de las adversidades, continúan presentándose a trabajar y desempeñando sus funciones con compromiso. “Es absurdo que esto esté ocurriendo”, afirmó, haciendo hincapié en la importancia de la misión que cumplen los trabajadores de seguridad y su dedicación a la protección del país. La crisis en el DHS no solo representa un desafío administrativo, sino que también pone de manifiesto la necesidad urgente de que el Congreso tome medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y empleados en este contexto.
