El río Potomac se encuentra en medio de una crisis ambiental sin precedentes, producto de dos incidentes que han puesto en evidencia serias fallas en la regulación ambiental y han comprometido el acceso a agua potable para más de cinco millones de personas en la zona metropolitana de Washington D.C. La situación ha llevado a expertos y organizaciones ambientales a clasificar al Potomac como el río más amenazado de Estados Unidos, un título que revela la gravedad de la situación actual.

Los problemas comenzaron a intensificarse entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cuando se registraron dos incidentes significativos que expusieron la fragilidad del sistema de gestión ambiental en la región. El primero de estos eventos se produjo en enero de 2026, cuando una tubería de 60 años de antigüedad, conocida como el Potomac Interceptor, colapsó en el condado de Montgomery. Este colapso resultó en la liberación de 243 millones de galones de aguas residuales sin tratar al río, un hecho alarmante que tuvo lugar durante un periodo de tres semanas, generando preocupación en las comunidades locales sobre la calidad del agua.

El segundo incidente, que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2025, se relaciona con un derrame de combustible en la base militar Joint Base Andrews, ubicada en el condado de Prince George’s. En este caso, se filtraron aproximadamente 32.000 galones de combustible de aviación, de los cuales solo se recuperaron 10.000 galones, lo que significa que 22.000 galones de este material ingresaron al medio ambiente. Este derrame alcanzó Piscataway Creek, un afluente directo del Potomac, lo que incrementó la preocupación por la contaminación en la zona y su impacto en la salud pública.

Lo preocupante de estos incidentes es la cadena de fallas en la comunicación y la respuesta por parte de las autoridades. El Departamento de Medio Ambiente de Maryland (MDE) confirmó que el sistema de combustible de la base no superó una prueba de hermeticidad en la fecha del derrame, pero el estado no fue informado sobre el incidente hasta más de tres meses después, cuando se reportaron manchas de aceite y olores a petróleo en Piscataway Creek. Esta demora en la notificación plantea serias dudas acerca de la eficacia de los mecanismos de respuesta ante emergencias ambientales en la región.

A pesar de que la base militar es federal, el estado de Maryland tiene la capacidad de imponer sanciones y exigir medidas de remediación por infracciones ambientales. Sin embargo, un portavoz de la base admitió que la cifra de 22.000 galones derramados se obtuvo de un inventario mensual y que aún se desconoce la cantidad exacta que alcanzó el arroyo. Este tipo de ambigüedad en la información solo alimenta la desconfianza de las comunidades afectadas, quienes temen por la calidad del agua que consumen y el impacto en su salud.

La contaminación en Piscataway Creek no es un problema reciente. Investigaciones previas identificaron niveles alarmantes de PFAS, sustancias químicas altamente contaminantes, en los peces del arroyo. Dean Naujoks, investigador de Potomac Riverkeeper Network, alertó en 2022 sobre la presencia de estas sustancias en niveles 1,4 millones de veces superiores a los estándares establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para agua potable. Estas sustancias, conocidas como “químicos eternos”, provienen de prácticas militares anteriores que involucraban el uso de espuma para combatir incendios de combustible de aviación.

La primera mención oficial sobre la presencia de PFAS en la base data de 2018, pero la advertencia estatal sobre el consumo de peces contaminados no se emitió hasta 2023, lo que indica una falta de proactividad en la protección de la salud pública. Este retraso ha generado que la información no haya llegado de manera efectiva a las comunidades vulnerables, que son las más afectadas por estas problemáticas ambientales. La crisis en el río Potomac no solo destaca la fragilidad del ecosistema, sino también las deficiencias en la regulación y supervisión ambiental que deben ser urgentemente abordadas para proteger tanto a la población como al medio ambiente.