En Ecuador, el auge de los precios del oro ha desencadenado un aumento alarmante de la minería ilegal, un fenómeno que ha sido señalado por la Cámara de Minería del país. La alta demanda del metal precioso, sumada a las dificultades administrativas y legales que enfrentan los proyectos formales, ha creado un caldo de cultivo propicio para que redes criminales se apoderen de terrenos que deberían ser explotados de manera legal y responsable. El presidente del Directorio de la Cámara, David Larenas, enfatizó que, aunque el precio del oro representa una oportunidad para desarrollar una minería responsable, también atrae a actores ilegales que buscan beneficiarse de esta situación sin considerar los impactos sociales y ambientales.

Un caso emblemático es el de Loma Larga, un proyecto minero ubicado en la provincia de Azuay, que, a pesar de contar con reservas probadas, se encuentra paralizado y en riesgo de caer en manos de grupos delictivos. La presidenta ejecutiva de la Cámara, María Eulalia Silva, mencionó también el proyecto Río Blanco, que fue detenido en 2018 por una decisión judicial y actualmente está bajo el control de una de las bandas criminales más activas de Ecuador. Este tipo de situaciones no son exclusivas de Ecuador; otros países de la región también han visto cómo proyectos con un alto potencial económico son ocupados por operativos ilegales tras ser suspendidos por diferentes razones.

Silva destacó el patrón preocupante en el que grupos disfrazados de activistas impulsan la paralización de proyectos mineros, solo para que posteriormente, estos terrenos sean ocupados por mineros ilegales. Esta táctica, que pone en riesgo el futuro de la minería formal y responsable, es un llamado de atención sobre la necesidad de una mayor seguridad jurídica en el sector. La falta de claridad y estabilidad en las regulaciones afecta la inversión y desalienta a los actores legítimos, quienes temen que sus proyectos sean interrumpidos sin justificación clara.

El proyecto de Loma Larga, que se encuentra a unos 30 kilómetros al suroeste de Cuenca, ha sido objeto de controversia desde su inicio, enfrentando resistencia de comunidades locales, organizaciones ambientales y grupos de derechos humanos. Con una inversión que podría alcanzar los 500 millones de dólares y la posibilidad de extraer aproximadamente 925.000 onzas de oro, así como plata y cobre, la iniciativa se enfrenta a un contexto de creciente desconfianza social. En septiembre de 2025, miles de personas salieron a las calles en Cuenca para manifestarse en contra de la explotación minera, cuestionando la validez de la licencia ambiental otorgada.

Este rechazo ha llevado a que el Gobierno ecuatoriano considere suspender la licencia ambiental debido a preocupaciones sobre el riesgo que representa para el complejo de lagunas de Quimsacocha, vital para el abastecimiento de agua de varias comunidades. La situación de Loma Larga pone de manifiesto la necesidad urgente de un diálogo entre los distintos actores involucrados en la minería y las comunidades afectadas. Sin un marco claro que garantice la inversión y la protección del medio ambiente, la minería formal podría perder terreno frente a la ilegalidad, lo que podría generar consecuencias devastadoras tanto para la economía como para el entorno natural.

En conclusión, el fenómeno de la minería ilegal en Ecuador es un reflejo de un sistema que necesita reformarse para incentivar inversiones responsables y proteger los recursos naturales del país. La Cámara de Minería ha hecho un llamado para que se implementen medidas que aseguren la estabilidad legal y promuevan una minería sustentable que beneficie a todos los ecuatorianos. Sin acciones concretas, el riesgo de que proyectos paralizados caigan en manos de redes ilícitas seguirá creciendo, poniendo en jaque el futuro del sector minero en Ecuador.