El Gobierno de Córdoba ha dado un paso significativo en la regulación del espacio público al promulgar una nueva ley que reforma el Código de Convivencia. Esta normativa, que fue oficialmente publicada el pasado viernes, establece sanciones específicas para actividades que antes no contaban con un marco legal claro, como el trabajo de cuidacoches no autorizados, conocidos en la provincia como "naranjitas", así como para los limpiavidrios que operan sin permiso y las picadas vehiculares. La Ley 11.117 tiene como objetivo primordial abordar problemáticas de seguridad y convivencia, en un contexto donde la regulación del espacio urbano se ha vuelto cada vez más necesaria.
La ley, que comenzará a regir a los 30 días de su publicación, fue aprobada por la Legislatura provincial con un respaldo mayoritario, obteniendo 51 votos a favor frente a 19 en contra. Esta aprobación refleja la voluntad del oficialismo de establecer un control más estricto sobre estas actividades, aunque también ha generado críticas por parte de algunos sectores, incluidos opositores como el juecismo, el liberalismo y partidos de izquierda, que cuestionan la efectividad y la ética de las sanciones impuestas.
Uno de los aspectos más relevantes de esta normativa es la implementación de penas de arresto que pueden alcanzar hasta seis días para quienes, sin la debida autorización municipal, exijan dinero por estacionamiento. Asimismo, se prevén sanciones de tres días para quienes, aunque cuenten con un permiso, superen las tarifas oficiales o trabajen en áreas no habilitadas. Estas medidas buscan desincentivar prácticas que a menudo generan conflicto en las calles y que, en muchos casos, afectan la calidad de vida de los ciudadanos.
La ley también aborda las "reuniones vehiculares no autorizadas", comúnmente conocidas como picadas, estableciendo castigos que pueden ir desde trabajo comunitario hasta multas y arresto. En situaciones donde se produzcan eventos masivos o se utilicen vehículos modificados, las sanciones pueden duplicarse. La normativa permite, además, el secuestro inmediato de vehículos involucrados en estas actividades, así como su decomiso en caso de faltas graves o reincidencias, lo que refuerza la intención del gobierno de erradicar este tipo de conductas delictivas.
En un contexto más amplio, la reforma incluye un nuevo régimen de investigación contravencional que responsabiliza al Ministerio Público Fiscal de llevar adelante los procedimientos, mientras que la Policía tendrá un papel más limitado, centrado en la constatación de hechos y en la aplicación de medidas preventivas. Esto implica que los sumarios deberán resolverse en un plazo máximo de cinco días, lo que busca agilizar la respuesta del sistema judicial ante estas infracciones.
Adicionalmente, la normativa también contempla sanciones relacionadas con el consumo de alcohol y sustancias en la vía pública, penalizando tanto la ingesta en lugares prohibidos como los comportamientos que alteren la paz pública. En estos casos, la Policía cuenta con la facultad de actuar preventivamente ante situaciones que puedan derivar en violencia, lo que refuerza el enfoque integral que busca la ley.
Finalmente, en respuesta a un pedido de la Iglesia Católica, la ley establece la creación de programas de capacitación y reinserción social para aquellos que se dedican a actividades como el cuidado de autos y el lavado de vidrios sin autorización. Sin embargo, los detalles sobre la implementación de estos programas aún no han sido claros, lo que ha generado interrogantes sobre su efectividad y alcance. La promulgación de esta ley marca un cambio significativo en la gestión del espacio público en Córdoba, y su éxito dependerá de la implementación efectiva de las medidas contempladas.
