En una decisión histórica, el Congreso del estado mexicano de Sinaloa ha dado luz verde a la solicitud de licencia temporal presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya. Esta aprobación, que se llevó a cabo de manera unánime en una sesión extraordinaria, se produce en un marco de creciente tensión política y en medio de serias acusaciones provenientes de Estados Unidos, que vinculan al mandatario con presuntos vínculos en actividades de narcotráfico y posesión de armas. La separación del gobernador del cargo se extenderá por un período mayor a 30 días, lo que marca un momento crucial en la política de la región.
La sesión se desarrolló con la participación de 38 diputados, quienes revisaron el documento enviado por Rocha Moya, donde solicitaba su separación temporal del cargo para facilitar las investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República. Este hecho ha generado un debate considerable sobre la responsabilidad ética y política de los funcionarios públicos en situaciones de controversia, especialmente en un contexto donde la corrupción y el crimen organizado son temas recurrentes en la agenda nacional.
El presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela, fue el encargado de someter la solicitud a votación, enfatizando que esta acción se encuentra respaldada por las disposiciones de la Constitución local. "Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rocha Moya", declaró Valenzuela, marcando así un hito en la gestión del gobernador y en la respuesta institucional ante acusaciones graves.
La decisión del Congreso no solo afecta al gobernador, sino también a otros funcionarios que han sido señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU. Entre ellos se encuentra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también solicitó licencia provisional. En su lugar, Miriam Ramos Villarreal asumirá la responsabilidad del cargo, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la gobernabilidad en la región, ya que la inestabilidad podría afectar la respuesta ante la violencia que ha azotado Sinaloa en el último año y medio.
Los otros acusados incluyen al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y al excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, entre otros funcionarios estatales. Este entramado de acusaciones ha puesto en evidencia la relación entre la política y el crimen organizado en un estado que ha sido históricamente un epicentro de la violencia en México. La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de las instituciones en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
El gobernador Rocha Moya ha rechazado enérgicamente todas las acusaciones que se han hecho en su contra, argumentando que su decisión de solicitar la licencia se basa en una “convicción republicana” y en la necesidad de permitir que las investigaciones se desarrollen sin interferencias. Este argumento, sin embargo, no elimina la presión que se siente sobre su administración y sobre la necesidad de un gobierno interino que pueda afrontar los desafíos inmediatos que presenta la situación de seguridad en Sinaloa.
Mientras tanto, la Mesa Directiva del Congreso ha decidido enviar el expediente a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, que tendrán la tarea de proponer un nombre para el cargo de gobernador interino. Este proceso, que se encuentra en la mira de la opinión pública, será crucial para determinar cómo se manejará la gobernabilidad en un estado que enfrenta no solo escándalos políticos, sino también una crisis de violencia que parece no tener fin.
