La primera semana del juicio por la desaparición de Loan Peña ha estado marcada por contratiempos y sorpresas que han puesto en jaque el desarrollo del proceso judicial. Desde el inicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, compuesto por los jueces Fermín Cerolini, Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte, se encontró con obstáculos imprevistos que alteraron el cronograma establecido. Este caso ha captado la atención no solo por la gravedad de la situación, sino también por el impacto emocional que tiene sobre los familiares del menor, desaparecido el 13 de junio de 2024.

El proceso comenzó con un ritmo acelerado, pero rápidamente se vio frenado por la ausencia de uno de los imputados, el psicólogo Esteban Rossi Colombo. Este profesional, que se encontraba en el lugar de la desaparición como parte de la Fundación Dupuy, es acusado de varios delitos, incluido el encubrimiento. La falta de su defensa legal en la sala llevó al TOF a declararlo en rebeldía, lo que provocó una nueva complicación en un juicio que ya enfrentaba dificultades.

A medida que se desarrollaban las audiencias, surgieron otras cuestiones formales relacionadas con la lectura del requerimiento fiscal, un documento extenso con casi 300 páginas que detalla los cargos contra los imputados. Para agilizar el proceso, se optó por leer resúmenes del documento, lo cual, aunque práctico, también dejó a algunos en la sala con la sensación de que no se estaban abordando todos los aspectos del caso con la profundidad necesaria. La falta de transparencia en algunos procedimientos judiciales puede generar desconfianza en la opinión pública, que sigue de cerca los avances del juicio.

Los acusados que se presentaron en el tribunal lo hicieron en condiciones de seguridad extrema, con chalecos antibalas y esposados. Sin embargo, aquellos que formaban parte de la Fundación Dupuy llegaron libres, lo que ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la equidad del tratamiento judicial. La abogada Elizabet Cutaia, líder del grupo, incluso optó por representarse a sí misma, lo que añade una capa de complejidad al caso, considerando la relevancia de su rol en la organización y en los eventos que rodearon la desaparición de Loan.

Un giro inesperado ocurrió durante la segunda jornada del juicio, cuando un juez suplente y Mónica Millapi, una de las imputadas bajo prisión domiciliaria, fueron sorprendidos por la aparición de Rossi Colombo en una videoconferencia. Este momento generó un intenso debate sobre cómo proceder, ya que su presencia a distancia complicaba aún más la situación. La posibilidad de que el juicio se detuviera estaba latente, y el fiscal Carlos Schaefer enfatizó la necesidad de evitar que se repitieran situaciones similares a otros juicios polémicos.

Finalmente, después de varias horas de deliberación, el TOF decidió reiniciar el proceso y volver a leer el requerimiento fiscal. Este momento fue crucial, ya que marcó el inicio de una fase más sustancial del juicio. Sin embargo, el tribunal también anunció un receso de una semana para que la defensa de Rossi Colombo pudiera prepararse adecuadamente. Este tiempo adicional podría ser un arma de doble filo, permitiendo a la defensa organizar su estrategia, pero también generando más ansiedad entre los familiares de Loan, quienes ansían respuestas y justicia por la desaparición de su ser querido.

El desarrollo de este juicio no solo es fundamental para esclarecer la desaparición de Loan Peña, sino que también pone de manifiesto las tensiones y complicaciones inherentes al sistema judicial argentino. La atención del público está centrada en cómo se resolverán estos dilemas y qué implicaciones tendrá para el futuro de la justicia en casos de desapariciones.