En un fallo que marca un hito en la lucha contra el fraude previsional, tres ex funcionarios de la ANSES en Rawson, San Juan, han sido condenados a dos años de prisión en suspenso. Este veredicto, emitido por el Tribunal Oral Federal, se produce tras un prolongado proceso judicial que se extendió por 17 años y que destapó una estructura de falsificación de documentos destinada a obtener beneficios jubilatorios de manera ilícita.
La sentencia fue dictada por los jueces Eliana Ratta, Hugo Echegaray y Daniel Doffo, quienes validaron un acuerdo entre la Fiscalía Federal, representada por el fiscal Fernando Alcaraz, y las defensas de los acusados. Los condenados son María Fernanda Cerdera, ex funcionaria de la UDAI Rawson, y los gestores Rubén Gómez y Carlos Zárate. Con la pena suspendida, ninguno de ellos cumplirá cárcel efectiva, lo que ha suscitado opiniones encontradas entre los ciudadanos y expertos en derecho.
En el mismo juicio, Andrea del Valle Masquijo fue exonerada por el beneficio de la duda, dado que la Fiscalía no pudo demostrar su implicación en los delitos que se le imputaban. Este caso se remonta al 31 de agosto de 2009, cuando se presentó una denuncia formal por parte de la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social. Desde entonces, el expediente estuvo bajo la supervisión del fiscal Francisco Maldonado y del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quienes condujeron una exhaustiva investigación.
La trama se desarrolló entre septiembre y octubre de 2008, en un contexto donde los planes de moratoria previsional del gobierno de Néstor Kirchner estaban en plena vigencia. Dicha moratoria permitía a trabajadores que no contaban con los 30 años de aportes requeridos regularizar su situación mediante planes de pago, lo que generó una alta demanda y la creación de la UDAI Rawson en 2006. En este marco, se evidenció que empleados y gestores comenzaron a gestionar jubilaciones utilizando únicamente fotocopias de documentos de identidad, lo que abrió la puerta a la manipulación.
El mecanismo de fraude era alarmantemente sencillo: los gestores alteraban las fechas de nacimiento en las fotocopias para presentar a personas que aún no cumplían con la edad mínima como si estuvieran habilitadas para recibir su jubilación. Las alteraciones en la fecha de nacimiento variaban significativamente, con casos extremos en los que se cambiaba la edad en hasta 10 años. Además, se detectaron modificaciones de cinco, tres y hasta dos años, así como ajustes menores para cumplir con el requisito etario, que en ese momento era de 65 años para hombres y 60 para mujeres.
Un caso ilustrativo de esta irregularidad fue el de individuos nacidos en 1942 que aparecían en los registros como si hubieran nacido en 1932, lo que les permitió cumplir con el requisito de edad y obtener el beneficio de manera fraudulenta. La investigación reveló que Gómez y Zárate cobraban por sus servicios, aunque los beneficiarios de estos trámites no tenían conocimiento de que la documentación presentada había sido adulterada.
Se estima que aproximadamente 15 jubilaciones fueron otorgadas bajo esta modalidad de fraude. Este caso no solo pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles dentro del sistema previsional, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los organismos estatales en la supervisión y prevención de este tipo de delitos. La condena a estos ex funcionarios es un paso hacia la justicia, pero también una llamada de atención sobre las vulnerabilidades en el sistema que deben ser abordadas con urgencia para proteger los derechos de los ciudadanos.
La resolución del caso podría sentar un precedente en la lucha contra el fraude en el sistema de seguridad social, destacando la importancia de una vigilancia más rigurosa y la necesidad de políticas más efectivas para prevenir la malversación de fondos públicos en el futuro.
