En un acto que resuena con la lucha indígena por la defensa de sus derechos, las comunidades waorani de la Amazonía ecuatoriana llevaron a cabo una asamblea intercultural los días 9 y 10 de julio en la localidad de Daipade, situada en el municipio de Arajuno. Este encuentro fue convocado por la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de manifestar su rechazo al proyecto del Bloque Petrolero 22, que se desarrolla en la provincia de Pastaza. Las comunidades waorani argumentan que la implementación de este proyecto vulnera sus derechos colectivos, específicamente su derecho a la autodeterminación y a otorgar un consentimiento libre, previo e informado sobre actividades que afectan su territorio.

La Asamblea se realizó en el marco de una investigación iniciada por la Defensoría del Pueblo, en respuesta a una denuncia presentada por la Organización Waorani de Pastaza (OWAP) en contra del Ministerio de Ambiente y Energía. Este proceso legal se centra en la inclusión del Bloque 22 en el portafolio de inversiones estatales, a pesar de que las comunidades indígenas ya habían manifestado su oposición a cualquier actividad extractiva en el área, a través del Mandato Pikenani, ratificado en 2018 y reafirmado en 2023 y 2025. Este mandato se configura como un punto de inflexión en la defensa de los derechos indígenas, ya que establece de manera clara la postura de las comunidades frente al extractivismo.

Durante la asamblea, una veintena de líderes y miembros de la comunidad waorani expusieron sus razones para oponerse a la explotación petrolera en su territorio. En un ambiente de unidad y determinación, se reiteró que las decisiones sobre el uso de sus tierras deben ser respetadas y que cualquier actividad que amenace su forma de vida será firmemente rechazado. Sin embargo, un aspecto preocupante de la audiencia fue la ausencia del Ministerio de Ambiente y Energía, que, según denunció Daniela Criollo, defensora de derechos humanos, había solicitado postergar la audiencia mediante un oficio enviado el 8 de julio, lo que plantea dudas sobre el compromiso del Estado con el diálogo y la participación de las comunidades en decisiones que les afectan directamente.

La OWAP argumenta que la mera inclusión del Bloque 22 en los planes del Gobierno representa una violación a la autonomía de la nacionalidad waorani, ya que ignora una decisión colectiva que fue tomada con anterioridad. Este tipo de acciones por parte del Estado no solo deslegitiman las voces de las comunidades, sino que también alimentan un ciclo de desconfianza entre las autoridades y los pueblos indígenas. La importancia de respetar la autonomía y el derecho a decidir sobre sus recursos naturales es fundamental para garantizar la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos en el país.

Oswando Nenquimo, presidente de la OWAP, expresó con firmeza que la comunidad ya ha tomado una decisión clara: rechazar el extractivismo en su territorio. "Nosotros ya hemos tomado una decisión: NO al extractivismo. En 2018 levantamos la voz y ya decidimos, ahora estamos aquí para decir que al Waorani se lo respeta", afirmó. Este pronunciamiento no solo refleja la postura de los waorani, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre la necesidad de un cambio en las políticas estatales hacia un enfoque más inclusivo y respetuoso de los derechos indígenas.

El conflicto por el Bloque Petrolero 22 se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos. En la actualidad, numerosos pueblos indígenas en América Latina enfrentan desafíos similares frente a proyectos extractivos que amenazan sus modos de vida y su entorno. La situación de los waorani es un ejemplo claro de la lucha por la defensa de sus territorios y derechos, en un escenario donde las decisiones gubernamentales deben ser revisadas y cuestionadas desde una perspectiva de respeto y diálogo.

A medida que avanza la discusión sobre el futuro del Bloque 22, se hace imprescindible que las autoridades escuchen las demandas de las comunidades indígenas y actúen en consecuencia. La construcción de un futuro sostenible y equitativo no puede lograrse sin la inclusión de las voces de quienes habitan y cuidan de la Amazonía. La resistencia de los waorani se convierte, así, en un símbolo de la lucha por la justicia social y la protección del medio ambiente, temas que deben estar en el centro de los debates políticos actuales.