En el escenario económico argentino, la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay se ha convertido en un punto neurálgico para el comercio de cinco naciones sudamericanas, y actualmente, dos multinacionales belgas están en la búsqueda de hacerse con la concesión de este millonario negocio. La importancia de esta vía fluvial radica en su capacidad para facilitar la salida de buques de carga hacia el Atlántico, lo que la convierte en un elemento clave para la economía regional. Con el proceso de licitación que comenzó en diciembre de 2025, el gobierno argentino busca no solo modernizar la infraestructura existente, sino también optimizar el sistema de peajes que afecta a un gran volumen de mercancías.
Las empresas en competencia son Jan De Nul NV, que actualmente gestiona el dragado de la hidrovía, y Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME), que ha presentado su propuesta con la esperanza de obtener la concesión. En un primer intento de licitación, que se llevó a cabo en noviembre de 2024, solo se recibió una oferta, la de DEME, que fue desestimada por el gobierno bajo acusaciones de sabotaje, lo que generó un clima de desconfianza y controversia en torno al proceso. Este segundo intento ha despertado interés no solo local, sino también internacional, dado el impacto económico que la concesión tendrá en la región.
Recientemente, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina asignó 66,2 puntos a la propuesta técnica de Jan De Nul, que se presentó en colaboración con la empresa argentina Servimagnus, mientras que DEME obtuvo 42,14 puntos. Sin embargo, la decisión final de quién se quedará con la concesión dependerá de las ofertas económicas que cada empresa presente, lo que se espera que se revele en las próximas semanas. Esta incertidumbre añade una capa adicional de tensión a un proceso que ya ha estado marcado por la polémica y las acusaciones mutuas entre las empresas involucradas.
El contexto de esta licitación no es menor, ya que el gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, ha enfrentado críticas por la forma en que se han manejado los procesos de selección. Durante el primer intento de licitación, se mencionaron irregularidades que podrían haber influenciado los resultados, y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó “graves irregularidades” que podrían conllevar responsabilidades administrativas o penales. Esta situación generó dudas sobre la transparencia del proceso y ha llevado a la PIA a emitir un nuevo dictamen en el que se advierte sobre anomalías en el procedimiento actual.
A medida que la competencia avanza, Jan De Nul ha impugnado la oferta de DEME, lo que añade un nuevo capítulo a esta contienda. Ambas empresas son actores significativos en el ámbito global de servicios e infraestructura marítima y fluvial, lo que convierte esta licitación en un episodio relevante no solo para Argentina, sino también para el comercio internacional. La lucha por la concesión no solo implica un negocio a gran escala, sino que también podría redefinir la dinámica del tráfico fluvial en la región.
El pliego de licitación sugiere que el ingreso promedio por peajes podría alcanzar los 618,6 millones de dólares anuales durante el periodo base, lo que subraya la magnitud del negocio en juego. La hidrovía no solo es vital para el comercio argentino, sino que también tiene un impacto significativo en las economías de los países vecinos que dependen de esta vía para la exportación de sus productos. En este sentido, el futuro de la hidrovía será determinante para el desarrollo económico en la región y, por ende, su concesión se convierte en una cuestión de vital importancia para el Gobierno argentino y para las empresas en competencia.



