La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una advertencia sobre los riesgos que enfrenta el proceso electoral de 2026, destacando la creciente influencia de grupos armados ilegales que están afectando la libre expresión democrática en varias regiones del país. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, enfatizó que no se trata solo de la posibilidad de cancelar las elecciones, sino de la creación de una democracia formal que no refleja la realidad de las comunidades que se ven obligadas al silencio ante la violencia.
En su Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral, presentado recientemente, la Defensoría identificó a varios grupos como potenciales amenazas, entre ellos el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc. Estos actores armados han comenzado a sustituir funciones del Estado, regulando campañas y bloqueando candidaturas en distintas áreas del país.
Los ciudadanos colombianos se preparan para acudir a las urnas el próximo 8 de marzo, donde se elegirán a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, además de llevar a cabo consultas internas para definir a los candidatos presidenciales que participarán en la primera vuelta el 31 de mayo. Sin embargo, la Defensoría ha señalado que las regiones más afectadas por la coacción electoral incluyen el Caribe, Noroccidente y Suroccidente, donde se han reportado numerosas amenazas y restricciones que afectan la libertad de los votantes.
