El próximo 21 de junio, Colombia vivirá una jornada electoral que promete ser histórica. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, se medirá contra el representante de la derecha, Abelardo de la Espriella. Sin embargo, más allá de la simple elección entre dos bandos políticos, se plantea un dilema profundo que define el futuro del país: la lucha entre una democracia consolidada y la posibilidad de una excesiva concentración de poder en el Ejecutivo. Este escenario va más allá de la mera división ideológica, y se presenta como una prueba del compromiso de los colombianos con las instituciones y el Estado de derecho.

El Gobierno actual, liderado por Gustavo Petro, ha puesto en jaque los principios establecidos por la Constitución de 1991. A pesar de que esta Carta Magna ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de un sistema judicial independiente y un robusto marco de pluralismo político, los recientes intentos de la administración Petro por socavar estos fundamentos son evidentes. La intimidación de los tribunales y la búsqueda de controlar organismos reguladores demuestran una tendencia autoritaria que, en lugar de considerar las limitaciones institucionales como un elemento esencial de la democracia, las ve como obstáculos a su visión de gobierno.

En este contexto, Iván Cepeda, un aliado cercano a Petro, representa una continuidad de este enfoque, mientras que Abelardo de la Espriella se presenta como un defensor de un modelo de democracia liberal que aboga por la independencia judicial y el respeto a la ley. Este contraste no solo refleja diferencias ideológicas, sino que también pone de relieve dos concepciones diametralmente opuestas sobre el papel del Estado y la legalidad en la vida cotidiana de los colombianos.

Además de la lucha por el poder, las elecciones de junio se centran en un aspecto crucial: la legitimidad de la justicia en Colombia. Durante el mandato de Juan Manuel Santos, se implementó un marco de justicia transicional que otorgó beneficios a los líderes de las FARC, generando un profundo debate sobre la impunidad y el respeto a las víctimas de la violencia. A pesar de que los colombianos rechazaron el acuerdo de paz en 2016, los políticos encontraron formas de reinterpretar ese rechazo, lo que ha llevado a una crisis de confianza en el sistema judicial.

La discusión sobre la justicia no solo es relevante en términos de castigo a los responsables de crímenes, sino también en la construcción de una paz duradera. La propuesta de Cepeda de continuar con la política de “Paz Total” podría ser vista como una forma de priorizar el bienestar de los actores armados por encima de los derechos de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto. En este sentido, Colombia se enfrenta a la necesidad de un Estado que no solo busque la reconciliación, sino que también garantice que la justicia sea una realidad para todos.

A medida que se aproxima la fecha electoral, los votantes colombianos deberán reflexionar sobre el futuro que desean construir. La elección no se limita a una simple confrontación entre izquierda y derecha, sino que es una oportunidad para reafirmar el compromiso con una democracia que respete las instituciones y promueva la legalidad. La decisión que tomen el 21 de junio marcará un hito en la historia reciente de Colombia, determinando si el país se encamina hacia un fortalecimiento de su democracia o hacia una concentración de poder que podría poner en riesgo los avances logrados en las últimas décadas.