El 30 de julio de 1976, apenas 27 días después de la llegada de Adolfo Suárez al Gobierno tras la dimisión de Carlos Arias Navarro, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto-Ley 10/1976 de Amnistía. La medida fue presentada como un paso hacia la “normalidad democrática” y buscó dejar atrás “cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles”.
La norma permitió la excarcelación de 287 personas condenadas por delitos de intencionalidad política y de opinión, siempre que no hubieran implicado violencia con sangre. También alcanzó a quienes habían sido sancionados por determinados delitos militares, a prófugos y desertores, y a personas castigadas por infracciones administrativas.
La amnistía se aprobó ocho meses después de que el rey Juan Carlos concediera, tras la muerte de Francisco Franco, un indulto para presos comunes y políticos que afectó a unas 12.000 personas. Sin embargo, las cárceles siguieron albergando a numerosos detenidos, ya que aquella primera medida había dejado afuera a buena parte de los presos comunistas y al 90% de los condenados vinculados con el nacionalismo vasco.
El nuevo decreto fue impulsado con el objetivo de “establecer una democracia integradora como proceso de salida de un régimen autoritario”. Así lo explicó Rafael Arias-Salgado, exministro de los Gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, exsecretario general de UCD y actual presidente de la Fundación Transición Española. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de agosto de 1976.
