CEOE y Cepyme calificaron de “inadmisible” la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios y cuestionaron su posible encaje jurídico. Las organizaciones empresariales sostienen que la medida busca trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el costo de una protesta dirigida contra la gestión del Gobierno.
Según plantearon, la convocatoria apunta principalmente a impulsar cambios legislativos y presupuestarios vinculados con la vivienda. Las patronales consideraron que esas decisiones corresponden de manera exclusiva a la Administración y que, por lo tanto, quedan fuera del ámbito de la gestión empresarial. En ese sentido, afirmaron que las reivindicaciones “no son, en esencia, de naturaleza laboral”.
CEOE y Cepyme también señalaron que, con las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre, resulta “difícilmente justificable” utilizar la actividad económica “como tablero para influir en un proceso electoral que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática”.
Respecto de la legalidad de la huelga, las entidades empresariales indicaron que la información conocida hasta el momento no permite realizar una valoración definitiva. No obstante, expresaron dudas sobre su encaje jurídico y remarcaron que la convocatoria podría estar orientada a cuestiones cuya responsabilidad no corresponde al sector privado.
