El gobierno nacional ha oficializado la renuncia de Carlos Frugoni a su puesto como Secretario de Coordinación de Infraestructura, marcando un giro significativo en la administración pública. Esta decisión se produce tras la revelación de que Frugoni poseía siete propiedades en Miami que no había declarado ante la Oficina Anticorrupción y ARCA, lo que generó un fuerte cuestionamiento sobre su integridad y la transparencia en su gestión. Las propiedades, adquiridas entre 2020 y 2022, fueron un punto central en la controversia que rodea al exfuncionario, quien ahora se enfrenta a investigaciones judiciales por presunto ocultamiento de patrimonio.
La desvinculación de Frugoni se formalizó a través del decreto 286/2026 publicado en el Boletín Oficial, donde también se anunció el nombramiento de Fernando Herrmann como nuevo Secretario de Coordinación de Infraestructura. Herrmann, arquitecto de profesión, hasta hace poco ocupaba el cargo de Secretario de Transporte, posición que asumió en enero de este año. Su designación en este nuevo rol fue anticipada por el Ministerio de Economía en una publicación en redes sociales, reafirmando la dinámica de cambios en el gabinete en respuesta a la crisis de confianza que enfrenta el gobierno.
El escándalo en torno a Frugoni se intensificó tras sus propias declaraciones, en las que admitió haber cometido un error al no declarar las propiedades en cuestión. En una conversación con un periodista, Frugoni se mostró arrepentido y aseguró que se encontraba en proceso de regularizar su situación, indicando su intención de incluir los departamentos en sus declaraciones ante ARCA. La revelación de que posee al menos cinco propiedades en el condado de Palm Beach, con valores que oscilan entre USD 215.000 y USD 216.000, ha suscitado un clima de desconfianza hacia la gestión pública.
El incremento en el patrimonio de Frugoni también ha suscitado interrogantes sobre su transparencia. En 2019, había declarado un patrimonio bastante menor, con USD 98.000 en efectivo y tres millones de pesos en acciones. Sin embargo, para 2023, sus declaraciones revelaron un aumento significativo, con acciones por más de 40 millones de pesos, inversiones en 16 empresas y depósitos por USD 400.000 en el extranjero. Este repentino aumento ha llevado a muchos a cuestionar la legalidad de sus operaciones financieras y la veracidad de sus declaraciones patrimoniales.
Ante la gravedad de la situación, se han presentado denuncias judiciales por parte del abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso, quienes han instado a una investigación exhaustiva que recaerá en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las denuncias están ligadas a posibles delitos por ocultar un patrimonio que superaría los USD 1,5 millones. Del Gaiso ha criticado abiertamente la situación a través de redes sociales, señalando las inconsistencias en la gestión de Frugoni y cuestionando cómo pudo realizar tales inversiones mientras ocupaba un cargo público.
El caso ha generado diversas reacciones dentro del ámbito gubernamental, donde algunos funcionarios han calificado la situación como “gravísima”. Un alto cargo del gobierno expresó su preocupación por la falta de transparencia y la aparente desconexión entre la vida pública y privada de Frugoni. A medida que se desarrollan los acontecimientos, el gobierno deberá enfrentar no solo el desafío de mantener la confianza pública, sino también de abordar las implicaciones legales que surgen de este escándalo.
En conclusión, la renuncia de Carlos Frugoni se enmarca en un contexto de creciente desconfianza hacia la administración pública y pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia en la declaración de bienes de los funcionarios. La designación de Fernando Herrmann como su sucesor podría marcar un nuevo rumbo en la gestión de infraestructura, pero la sombra del escándalo aún persiste, afectando la percepción pública del gobierno y su compromiso con la transparencia.
