Cáritas ha elevado un llamado urgente al Gobierno para que agilice el tratamiento de las solicitudes presentadas en el marco de la regularización extraordinaria de migrantes. Este proceso, que tuvo su fecha límite el 30 de junio, ha generado preocupación debido a las prolongadas demoras en la evaluación y notificación de las solicitudes. La organización ha manifestado que los tiempos de espera son excesivos y están afectando gravemente a quienes buscan regularizar su situación legal en el país.
En un comunicado, Cáritas solicitó al Ejecutivo que notifique con la mayor prontitud posible a los migrantes sobre la autorización provisional de residencia y trabajo. Esta medida es crucial, ya que permite a las personas acceder a derechos laborales y sociales que actualmente les son negados por la falta de documentación adecuada. Además, la entidad instó a que se acepten diversos medios de prueba para acreditar el lugar de residencia, eliminando la necesidad de presentar un certificado de empadronamiento al momento de gestionar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
Diego Fernández-Maldonado, integrante del equipo de Incidencia Política de Cáritas, enfatizó el rol que la organización ha asumido en este proceso. "Desde Cáritas hemos fortalecido nuestras redes para ofrecer a las Cáritas Diocesanas y parroquiales herramientas de acogida y asesoramiento. Nuestro objetivo es garantizar que los migrantes reciban información precisa y oportuna sobre el proceso de regularización", afirmó. Esta iniciativa busca no solo acompañar a los solicitantes, sino también facilitar su inserción en la sociedad y el mercado laboral.
Sin embargo, durante este acompañamiento, la ONG ha identificado varios obstáculos que limitan el acceso a derechos fundamentales para los migrantes. Uno de los problemas más destacados es la demora en la concesión de la autorización provisional de residencia y trabajo. Esta situación genera una incertidumbre que impacta negativamente en la búsqueda de empleo, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y, en general, en la integración de estas personas en la comunidad.
Además, Cáritas ha señalado que muchos empleadores muestran reticencias a contratar a personas con autorización provisional, debido al desconocimiento sobre la validez y la duración de esta figura. Esta falta de información genera un círculo vicioso que perpetúa la exclusión laboral de los migrantes. "Es fundamental que los empleadores comprendan que estas autorizaciones son válidas para el alta en la seguridad social, aún siendo temporales, y que se convertirán en definitivas una vez se aprueben las solicitudes de residencia", añadió Fernández-Maldonado.
Por otro lado, la TIE, que será el documento que acredite la legalidad de los migrantes una vez que obtengan la residencia definitiva, se encuentra en el centro de nuevas controversias. Cáritas ha alertado que se exigirá un certificado de empadronamiento para su tramitación, lo cual no solo es contradictorio con el espíritu de la normativa de regularización, sino que también dificultará el acceso a la documentación para muchos migrantes que actualmente no pueden registrarse en el padrón municipal.
En este contexto, la organización ha insistido en la necesidad de que se acepte cualquier medio de prueba que permita verificar la residencia de los solicitantes. La flexibilidad en este aspecto es esencial para evitar que la falta de un certificado de empadronamiento se convierta en un nuevo obstáculo para quienes buscan regularizar su situación. Cáritas reafirma su compromiso de trabajar por los derechos de los migrantes, abogando por una respuesta más ágil y efectiva por parte del Gobierno en este proceso crítico.
