En un contexto de creciente tensión social, las fuerzas de seguridad bolivianas han comenzado un operativo para despejar las rutas que permanecían bloqueadas en el oeste y centro del país. Este esfuerzo se produce tras semanas de manifestaciones que generaron un grave desabastecimiento de productos esenciales, como alimentos, combustibles y oxígeno, en varias localidades. La situación se intensificó hasta el punto de que el presidente Rodrigo Paz decidió implementar un estado de excepción, una medida que busca restaurar el orden y garantizar la libre circulación de personas y mercancías.
Desde las primeras horas del sábado, un contingente integrado por policías y militares se movilizó hacia los puntos más críticos de las protestas. El objetivo principal del despliegue es reabrir las vías vitales que conectan las regiones más afectadas por el desabastecimiento. Entre las rutas que se han priorizado se encuentran las conexiones entre El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro, que habían sido interrumpidas desde el 6 de mayo. El operativo incluye el desmantelamiento de barricadas y la prohibición de nuevos bloqueos, así como el uso de armas y explosivos, en un intento de restaurar la normalidad en las carreteras.
A pesar de la gravedad de la situación, los habitantes de las zonas afectadas han recibido con alivio la noticia de la reapertura de las rutas. Comerciantes y ciudadanos han expresado su preocupación por el impacto económico que los bloqueos han tenido en sus vidas. La reactivación de estas vías es vista como un paso crucial para el retorno a la normalidad en las actividades comerciales y sociales de las comunidades. En este sentido, el éxito de la operación podría ser un alivio temporal a la crisis que afecta a tantos bolivianos.
El operativo, dirigido por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ha llegado a lugares como Achica Arriba, donde anteriormente se habían reportado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como daños significativos en infraestructuras públicas. Durante la jornada del sábado, las fuerzas de seguridad encontraron en varias áreas lo que se ha denominado “bloqueos fantasma”, donde las barricadas habían sido desmanteladas, pero sin la presencia activa de manifestantes. Esto sugiere que algunos de los bloqueos podrían estar perdiendo apoyo entre la población, lo que podría influir en la dinámica del conflicto.
A medida que avanza el operativo, el tránsito se ha restablecido gradualmente, permitiendo la liberación de más de 150 camiones que se encontraban varados en diversas zonas, como Confital, Sayari y Bombeo. Los transportistas, que habían permanecido atrapados durante más de 30 días, han compartido relatos desgarradores sobre las dificultades que enfrentaron para acceder a alimentos y combustible, lo que resalta la gravedad de la situación humanitaria generada por los bloqueos.
Sin embargo, el operativo no ha estado exento de incidentes violentos. En Cruce Aguirre, las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, lo que forzó una retirada temporal. Además, durante las intervenciones, se produjo la detención de un individuo en posesión de efectivo en diferentes monedas, incluida la brasileña, lo que ha llevado a abrir investigaciones sobre posibles vínculos con actividades ilícitas asociadas a las protestas.
El estado de excepción, que fue declarado por el presidente Paz, establece la prohibición de bloqueos en las vías públicas, así como el uso de elementos violentos. También se ha dispuesto el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas para colaborar con la policía en el control del orden público. Esta medida, que podría levantarse anticipadamente si la situación de violencia cesa, refleja la complejidad del contexto social y político que enfrenta Bolivia en este momento.
