El Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció una nueva estrategia para enfrentar a las estructuras criminales, basada en el sometimiento a la Justicia y en el rechazo de cualquier reconocimiento político o negociación con organizaciones delictivas. La definición fue sintetizada por el portavoz de la Presidencia, Miller Soto: “Al criminal no se le pone una silla, se le pone un expediente”.
Según explicó Soto, las personas que cometan delitos deberán ajustarse a las condiciones previstas por la Constitución y las leyes, sin participar en mesas de diálogo. En ese marco, los ministerios de Justicia e Interior trabajan junto con la Presidencia en un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento, que será presentado ante el Congreso una vez que finalice su elaboración.
La iniciativa prevé que quienes abandonen las armas y cesen sus actividades ilícitas puedan someterse a la Justicia, siempre que cumplan requisitos como aportar información, interrumpir de manera verificable sus acciones criminales y reparar a las víctimas. El funcionario sostuvo que el mecanismo no incluirá reconocimiento político, negociaciones ni beneficios desproporcionados. “Lo único que van a poder decir es: me someto, y aceptar los efectos de ese sometimiento”, afirmó.
Además, el Ejecutivo anunció un estatuto antiterrorista orientado a combatir las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. Entre ellas mencionó la minería ilegal, los cultivos de coca y el contrabando. La propuesta forma parte del endurecimiento de la estrategia oficial contra estos grupos y será impulsada junto con el proyecto de sometimiento ante el Congreso.
