Benín ha dado comienzo a su campaña electoral para las elecciones presidenciales programadas para el próximo 12 de abril. Este proceso electoral se desarrolla en un contexto singular, ya que la principal fuerza opositora no estará presente en la contienda, lo que ha generado preocupación entre sectores de la sociedad civil. La actual administración, liderada por Patrice Talon, que concluye su segundo y último mandato, busca mantener el control del poder a través de su candidato, Romuald Wadagni, actual ministro de Finanzas, quien se postula junto a la vicepresidenta Mariam Tala como su compañera de fórmula.
Wadagni y Tala representan la coalición oficialista, la cual incluye a los partidos Unión Progresista para la Renovación (UPR) y el Bloque Republicano (BR). Su principal rival en estas elecciones será Paul Hounkpè, candidato de las Fuerzas Cauris para un Benín Emergente (FCBE). Hounkpè ha elegido a Judicael Hounwanou como su compañero de candidatura, en un intento de unir a la oposición en un momento crítico para el país.
La preparación para estas elecciones sigue a un reciente proceso legislativo en enero, donde el oficialismo logró una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional. Solo los partidos UPR y BR lograron superar el umbral del 20% de los votos necesarios para obtener representación, acumulando un total de 109 de los 149 asientos de la Cámara. Por su parte, el Movimiento de Élites Comprometidas por la Emancipación de Benín (Moele-Bénin) no logró obtener representación, al igual que la FCBE y Los Demócratas (LD), el principal partido opositor, que no podrá participar debido a la negativa de la Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA) a validar su candidatura por falta de apoyo.
La decisión del LD de no respaldar la candidatura de Hounkpè y Hounwanou ha intensificado la crítica hacia el clima político en el país. La ausencia de un frente opositor unificado y la exclusión de importantes actores políticos plantea interrogantes sobre la legitimidad de las próximas elecciones y la salud de la democracia en Benín. El clima de incertidumbre se agrava por los recientes intentos de golpe de Estado que se registraron en diciembre, los cuales fueron sofocados por el ejército nacional con la ayuda de Nigeria.
A medida que se acercan las elecciones, la seguridad se ha convertido en una preocupación central para los votantes. En el norte de Benín, las comunidades han enfrentado ataques de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda, originarios de Burkina Faso y Níger. Estos ataques han desencadenado un aumento en los desplazamientos internos, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en la región.
La administración de Talon ha sido criticada no solo por su manejo de la seguridad, sino también por sus restricciones a la oposición y la represión de libertades civiles. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han alertado sobre un deterioro en el espacio cívico, señalando que la represión de medios independientes y la detención arbitraria de disidentes se han vuelto prácticas comunes en el país. En este clima de tensión y desafíos, las elecciones presidenciales se presentan como un momento crucial para el futuro político de Benín.
