El Govern balear responsabilizó al PSOE por las indemnizaciones que las comunidades autónomas deben afrontar ante los reclamos de propietarios afectados por el decreto de 2020 y sus sucesivas prórrogas, una normativa presentada como parte del llamado “escudo social”. El Ejecutivo sostuvo que la regulación no distinguía entre pequeños propietarios, empresas y fondos de inversión.
La posición fue expresada por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Carles Bona sobre si el Gobierno autonómico “se aviene a todas las demandas que hacen los fondos buitre”. “El decreto de 2020 y sus prórrogas han obligado a las comunidades a indemnizar a todos los propietarios afectados por una normativa que pretendía ser un escudo social”, afirmó Mateo.
El conseller agregó que, si algún fondo buitre se benefició de las ayudas, fue “gracias al Gobierno” que impulsó el decreto, ya que el texto no diferenciaba entre los distintos tipos de propietarios. Además, cuestionó que el PSOE haya cedido la gestión de las viviendas de la empresa pública Casa 47 a “grandes empresas” y luego critique la actuación de los fondos de inversión.
“Dicen una cosa y luego hacen la contraria”, sostuvo Mateo. El funcionario calificó al PSOE como “el único responsable” de una regulación que consideró “nefasta” y afirmó que la norma obligó a las comunidades autónomas a gestionar sus políticas sociales. “Tienen la vergüenza de intentar responsabilizar a los demás”, concluyó.
