El juez federal Ariel Lijo ha ordenado una serie de medidas de prueba para esclarecer si existe un vínculo comercial entre entidades del Estado nacional y empresas asociadas a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta decisión surge en el marco de un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, impulsado por una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. La investigación se centra en la consultora +Be, de la cual Angeletti es socia, y su posible conexión con empresas que han recibido contratos del Estado.
Dentro de las medidas dispuestas por Lijo, se incluye la solicitud de copias completas de expedientes administrativos y documentación vinculada a varios procesos de contratación. Entre los documentos requeridos se encuentran aquellos relacionados con la provisión de herramientas de comunicación, servicios de envío masivo de mensajes de texto, y la concesión de uso comercial del predio de Tecnópolis. Esta recopilación de información es fundamental para determinar si ha habido irregularidades en las contrataciones realizadas por el Estado.
El juez también ha solicitado a la Inspección General de Justicia (IGJ) que remita los legajos societarios de varias empresas, como AREA TECH S.A., MOVILGATE S.R.L., y TECNOSOFTWARE S.A. El objetivo de este requerimiento es analizar la composición de estas firmas y evaluar si hay vínculos que puedan comprometer la integridad de las contrataciones estatales. El análisis de esta información será crucial para establecer si hay algún conflicto de interés que involucre a Adorni y su familia.
Por su parte, también se ha requerido a la Oficina Nacional de Contrataciones que informe sobre las empresas DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A., para determinar si han tenido contratos con el Estado nacional. En caso afirmativo, se espera que se adjunten todas las actuaciones correspondientes a los procesos de adjudicación. Esta información permitirá profundizar en las posibles conexiones entre estas empresas y la consultora asociada a la esposa del jefe de Gabinete.
La denuncia que motiva esta investigación sugiere que podría haber existido un “proceso de simulación” en las contrataciones del Estado, lo cual podría haber generado un conflicto de interés en el desempeño de Adorni. Es importante subrayar que, hasta el momento, no hay imputados en la causa, y los esfuerzos del fiscal Stornelli se centran en reunir pruebas que ayuden a dilucidar la situación. La investigación tiene como objetivo evitar cualquier posible irregularidad que pueda comprometer la transparencia del uso de los recursos públicos.
La consultora +Be, vinculada a Bettina Angeletti, se encuentra en el centro de la pesquisa, ya que se menciona que podría tener como cliente al Grupo Datco, conocido por proveer servicios a diferentes organismos estatales. A su vez, National Shipping S.A. ha sido contratista de YPF durante las últimas dos décadas, lo que añade una capa más de complejidad a la situación. La relación con el grupo Foggia, que está involucrado en la concesión del predio de Tecnópolis, también será objeto de análisis en el marco de esta investigación.
La importancia de esta investigación radica no solo en la búsqueda de la verdad, sino también en la necesidad de garantizar la integridad de las instituciones y la confianza pública en el manejo de los recursos estatales. En un contexto donde la transparencia administrativa es fundamental, este caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios en relación con sus vínculos familiares y empresariales. La sociedad espera respuestas claras y contundentes que permitan dilucidar este oscuro entramado de posibles intereses cruzados en la administración pública.
