El Gobierno argentino ha dado un paso significativo en su plan de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), al anunciar el inicio de una licitación pública tanto nacional como internacional para la venta de la mayoría de las acciones de la empresa. Esta decisión fue formalizada a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, que fue publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la cartera, Luis Caputo. Cabe destacar que la medida había sido anticipada por el ministro en sus redes sociales, lo que generó expectativas en el sector.

La venta contemplará el 90% del paquete accionario de AySA que actualmente está bajo control del Estado, mientras que el 10% restante se mantendrá en manos de los empleados de la compañía a través de un Programa de Propiedad Participada. Este enfoque busca no solo facilitar la privatización, sino también asegurar que los trabajadores tengan una participación en la gestión de la empresa, algo que podría influir positivamente en la moral del personal y en la continuidad de los servicios.

La resolución establece que la privatización se llevará a cabo mediante una Licitación Pública de Etapa Múltiple, sin base, con el fin de seleccionar un “operador estratégico” que asuma las riendas de la compañía. La plataforma CONTRAT.AR será el canal a través del cual se podrá acceder a los pliegos de condiciones y toda la documentación relacionada con el proceso. Este mecanismo busca garantizar transparencia y acceso igualitario a todos los interesados, tanto locales como internacionales.

El llamado a licitación será publicado por un período de diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal DGMARKET del Banco Mundial, además de ser difundido a través de los sitios web del Ministerio de Economía y de AySA. Esto refleja un esfuerzo por parte del Gobierno para atraer la atención de potenciales inversionistas y garantizar que el proceso sea conocido a nivel global. Además, se ha establecido un plazo mínimo de 45 días corridos desde la publicación hasta el cierre para la presentación de ofertas, lo que permitirá a los interesados preparar sus propuestas de manera adecuada.

El cronograma oficial estipula que las consultas sobre el pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026. Las ofertas deberán ser presentadas antes del 27 de agosto a las 9:59, y la apertura de sobres se llevará a cabo el mismo día a las 10:00 horas mediante un acto electrónico público. Este tipo de procedimientos busca modernizar la gestión y asegurar un manejo más eficiente de los recursos en el sector de servicios públicos.

Esta iniciativa se inserta en el marco de la Ley 27.742 y el Decreto 494/2025, que identificó a AySA como “sujeta a privatización”. En la resolución, el Gobierno argumenta que su objetivo va más allá de la mera transferencia de acciones; se busca realizar una “transformación de importancia refundacional” en los servicios de agua potable y saneamiento. Este enfoque está diseñado para responder a la necesidad de mejorar la infraestructura y la calidad del servicio, aspectos que han sido criticados en el pasado.

En línea con este objetivo, el Gobierno ha diseñado un esquema que prevé en una primera fase la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante la licitación pública. El resto del paquete accionario podrá ser comercializado en mercados y bolsas locales. Además, se creará una comisión evaluadora “ad hoc” compuesta por funcionarios que serán responsables de analizar las ofertas que se presenten, garantizando así un proceso de selección riguroso y fundamentado.

La privatización de AySA es un tema controvertido que ha generado diversas opiniones en la sociedad y el ámbito político. Algunos sectores ven en esta medida una oportunidad para mejorar la eficiencia del servicio, mientras que otros advierten sobre los riesgos de la privatización en un sector tan crucial para la vida cotidiana de los ciudadanos. En este contexto, será fundamental observar cómo se desarrollará el proceso y qué tipo de respuestas obtendrá del público y de los posibles interesados en participar en la licitación.