El gasto en subsidios destinados a la energía experimentó un incremento notable del 141,8% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior. Este aumento se produce en un contexto complicado, donde los costos de generación de energía se vieron afectados drásticamente por el conflicto bélico en Medio Oriente, lo que ha erosionado los beneficios de las recientes subas en las tarifas. La consultora Analytica destaca en su informe que este crecimiento en los subsidios ha superado las proyecciones iniciales del gobierno, evidenciando un desajuste significativo en la ejecución del presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN).
Este desfase en la ejecución presupuestaria se vuelve aún más evidente al considerar que el presupuesto aprobado preveía un ajuste nominal del 24,6% en el programa de ‘Formulación y Ejecución de la Política de Energía eléctrica’, el cual es crucial en el esquema de subsidios. Sin embargo, la escalada de costos ha llevado a un escenario en el que, lejos de eliminar los subsidios, se ha visto la necesidad de incrementarlos para evitar que el aumento de los costos se traslade a las tarifas y, posteriormente, a la inflación general. La situación se complica al observar que, en febrero, el grado de cobertura del costo de la energía por parte de los usuarios fue del 69,2%, una caída significativa respecto al 83,6% del año anterior.
En el análisis de las transferencias realizadas durante este período, se resalta que el 75,3% de los subsidios otorgados fueron dirigidos a CAMMESA, la compañía administradora del mercado mayorista de electricidad, cuyos fondos crecieron un 136,8% en términos reales interanuales. Además, el informe pone de manifiesto las transferencias a Energía Argentina S.A. (ENARSA), que en enero alcanzaron los $0,3 billones, cifra que contrasta con la ausencia de transferencias en el primer trimestre de 2025, lo que resalta un cambio en la política de subsidios y un intento por parte del gobierno de equilibrar las cuentas.
Por otro lado, el panorama para los subsidios al transporte es diferente, ya que estos han continuado en descenso durante el primer trimestre del año. En marzo, se registró una caída del 33% en términos reales interanuales, lo que refleja una disminución del 25% en el período de enero a marzo. Este descenso ha generado tensiones entre el gobierno y las empresas de transporte, que se quejan de atrasos en los pagos, que suman unos $115.000 millones, lo que podría afectar el servicio y la percepción pública sobre la gestión de las autoridades.
El informe también revela que el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), que concentra el 39% de las transferencias, sufrió una drástica caída del 42,8% en términos reales interanuales en el primer trimestre. Además, los subsidios destinados a los servicios ferroviarios han disminuido un 3% en términos reales, reflejando un recorte general en el sector del transporte que podría tener consecuencias en la movilidad de la población.
Finalmente, el gasto primario devengado en marzo mostró un crecimiento del 1,7% interanual, después de ajustar por inflación. Sin embargo, en el acumulado del primer trimestre, se observa una baja del 3,3% interanual, lo que indica una contracción en el gasto público en términos reales. Las transferencias a provincias han caído un 64,1% y las inversiones en obra pública han disminuido un 21,1%, evidenciando un panorama desalentador para el financiamiento de proyectos esenciales en el país. La situación demanda una respuesta urgente por parte del gobierno para reestablecer el equilibrio fiscal y contener el impacto de la inflación en la población.
