El Gobierno argentino ha anunciado un incremento del 2,1% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, que entrará en vigencia a partir de junio. Esta resolución, que afecta a todas las prestaciones incluidas en el nomenclador actual, fue formalizada a través de la resolución 1297/2026, la cual fue publicada en el Boletín Oficial y firmada por Alejandro Vilches, quien ocupa el cargo de Secretario Nacional de Discapacidad.

Este ajuste en los aranceles responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante el mes de mayo. La medida busca actualizar los pagos que reciben los prestadores de servicios, quienes enfrentan constantes desafíos económicos en un contexto inflacionario. Este aumento, aunque modesto, resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad de los servicios que se brindan a las personas con discapacidad en todo el país.

Además del incremento general, la normativa incluye un plus del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se ofrezcan en la región patagónica. Este reconocimiento se debe a las particularidades geográficas y logísticas de la zona, que a menudo dificultan la prestación de servicios de calidad. El objetivo es mitigar los costos adicionales que los prestadores deben afrontar en esta región, donde el acceso a recursos y servicios puede ser más complicado.

Con estas actualizaciones, por ejemplo, una prestación de centro de día con jornada doble pasará a recibir un total de $1.058.791,92, mientras que una jornada simple alcanzará los $563.272,78. Asimismo, los centros educativos terapéuticos verán un incremento en sus ingresos, llegando hasta $1.189.351,59 por jornada doble. También se han ajustado los valores de servicios fundamentales como la estimulación temprana, la rehabilitación, el transporte y la alimentación, todos ellos componentes vitales del sistema de prestaciones.

Este aumento se produce en un momento en que diversas organizaciones, prestadores y familias que trabajan en el ámbito de la discapacidad han expresado su preocupación sobre la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada el año pasado por el Congreso. Estas entidades han estado reclamando una mayor atención y recursos para asegurar que todos los derechos de las personas con discapacidad sean respetados y cumplidos. La actualización en los aranceles es, por lo tanto, un paso hacia la mejora de la calidad de vida y el acceso a servicios necesarios para esta población vulnerable.

En paralelo, el gobierno argentino está impulsando en el Senado un proyecto de ley denominado "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez". Esta iniciativa tiene como objetivo modificar el régimen actual de pensiones no contributivas, introduciendo un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios y nuevos mecanismos de control y fiscalización. Además, se redefinirán los requisitos para acceder a estas prestaciones y se endurecerán las condiciones para conservar el beneficio, lo que ha generado un debate intenso sobre los derechos de los beneficiarios y la necesidad de garantizar el acceso a prestaciones esenciales.

Entre los cambios que propone el proyecto se incluye establecer que las pensiones por invalidez sean equivalentes al 70% de la jubilación mínima. También se plantean nuevas incompatibilidades para quienes accedan a empleos formales, así como modificaciones en el esquema de financiamiento y administración de estas prestaciones. Con este panorama, el desafío del gobierno será equilibrar la necesidad de control y fiscalización con la protección de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.