En el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó a cabo 621 desalojos que afectaron a aproximadamente 1.135 familias, lo que se traduce en unas 4.482 personas, de las cuales más de 1.400 son niños. Esta información proviene de un estudio realizado por el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que analiza datos oficiales y destaca el grave impacto que estas medidas tienen sobre grupos familiares en situación de vulnerabilidad habitacional. Ante esta situación, los organismos han solicitado la implementación de un protocolo integral que aborde las necesidades de los afectados y garantice su bienestar.

Desde que Jorge Macri asumió como jefe de Gobierno, se ha observado un notable incremento en los desalojos en la ciudad. En 2023, solo se registraron 6 operativos de este tipo, pero para 2024 la cifra se disparó a 247, y en 2025 alcanzó los 311. Este cambio de tendencia se enmarca en la estrategia del gobierno, que se presenta bajo el lema 'Ley y Orden', y que busca recuperar viviendas usurpadas como un eje central de su gestión. Esta política parece estar orientada a competir con la agenda de La Libertad Avanza, un partido que ha ganado terreno en cuestiones de seguridad y orden público.

La naturaleza de los desalojos también ha cambiado drásticamente en comparación con la administración anterior de Horacio Rodríguez Larreta. En el primer año de Macri en el cargo, el 98% de los desalojos se realizaban bajo orden judicial. Sin embargo, con el tiempo, se ha incrementado la proporción de desalojos administrativos, que en 2026 representaron el 58% de las operaciones totales. Este cambio en la metodología ha generado preocupaciones sobre el respeto a los derechos de los afectados y la legalidad de los procedimientos.

Los desalojos judiciales implican que el gobierno de la ciudad actúa como un auxiliar de la justicia, mientras que en los desalojos administrativos, el gobierno se convierte en el autor y ejecutor de la medida. Estos últimos incluyen la desocupación de propiedades de dominio público y clausuras totales que exigen evacuación, ordenadas por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias (DGGAyE) bajo el pretexto de riesgo de derrumbe. Esta diferencia en la naturaleza de los desalojos plantea interrogantes sobre la transparencia y la justificación de las acciones del gobierno.

A día de hoy, la mayoría de los desalojos se llevan a cabo bajo la figura administrativa de clausura. Este mecanismo, que debería aplicarse en casos excepcionales y de riesgo inmediato, ha sido utilizado de manera creciente, afectando a familias que ya se encuentran en situaciones críticas de vulnerabilidad habitacional. Según los informes de las organizaciones, este uso extensivo de las clausuras administrativas ha generado un impacto negativo significativo en la vida de las personas afectadas, que muchas veces no cuentan con alternativas habitacionales viables.

Los desalojos administrativos, ordenados por la DGGAyE, han experimentado un incremento notable, representando actualmente el 52% del total de las operaciones. En el mismo periodo analizado, las clausuras totales que obligan a la evacuación completa del inmueble pasaron del 2% al 56%. Este aumento preocupante resalta la urgencia de revisar las políticas de desalojo del gobierno, que se justifican con el artículo 12 del Decreto N° 1510/97, que establece la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA. Sin embargo, diversos organismos advierten que estas medidas deberían ser consideradas como excepcionales y aplicarse únicamente en situaciones de riesgo estructural inminente, lo que no parece ser el caso en la mayoría de los desalojos realizados recientemente.