El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la dirección de Alejandra Monteoliva, ha decidido implementar un refuerzo en las medidas de seguridad para la manifestación prevista en el Congreso en contra de la Reforma Laboral. Este evento es organizado por piqueteros, agrupaciones de izquierda y sindicatos que forman parte del Frente de Sindicatos Unidos. Según se ha informado, se realizarán controles exhaustivos, incluyendo la revisión de mochilas y vehículos, como camionetas y micros que transportan a los manifestantes. El protocolo antipiquetes será aplicado de manera similar a otras movilizaciones.

La decisión de intensificar los controles se basa en el marco legal establecido por el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025, que otorgan a la Policía Federal Argentina la facultad de llevar a cabo estos procedimientos sin necesidad de orden judicial, siempre que existan indicios razonables de un posible delito y que no se pueda esperar una orden por el riesgo de pérdida de pruebas. Los funcionarios de la agrupación La Libertad Avanza consideran que las condiciones para activar estas medidas están presentes.

La reciente historia de disturbios en protestas similares, como los sucedidos el 11 de febrero durante la media sanción de la norma en la Cámara Alta, ha motivado esta respuesta. En esa ocasión, grupos encapuchados lanzaron bombas molotov contra la policía, lo que resultó en la judicialización de 26 personas, incluyendo un menor. Para la próxima jornada, la CGT ha convocado un paro general, aunque los principales movimientos sociales, como la UTEP, no participarán. Las organizaciones de izquierda, piqueteros y sindicatos como ATE, UOM y FTCIODyARA, entre otros, se harán presentes en la protesta.