La reciente controversia en torno a la planta de hidrógeno verde ubicada en Paysandú ha reavivado las tensiones entre Uruguay y Argentina. Legisladores de la oposición en la provincia de Entre Ríos han solicitado a la Justicia Federal que se remitan los estudios de impacto ambiental que la empresa HIF Global presentó ante el gobierno uruguayo. Este pedido se suma a un marco de inquietud en ambos países, donde se teme que la inversión, considerada la más grande en la historia uruguaya, pueda acarrear consecuencias negativas para el medio ambiente y la economía local.
La situación ha llevado a los diputados argentinos Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, a pedir que los miembros de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Raúl Montero y Francisco Mansanta, sean citados para declarar en relación con el proyecto. Estos legisladores han manifestado su preocupación acerca de cómo la planta de combustibles sintéticos podría afectar la calidad del agua en la región, así como su impacto en el turismo y el valor de las propiedades en la ciudad de Colón, situada en el lado argentino del río.
El pedido judicial es claro y específico: incluye la solicitud de que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente de Uruguay entregue la autorización ambiental previa y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que HIF Global presentó. Además, se requiere que las autoridades de la CARU informen sobre su conocimiento del proyecto, así como detalles respecto a la dirección legal de la empresa chilena y sus subsidiarias, lo que pone de manifiesto la necesidad de transparencia en el proceso.
Michel, Bahl y Marclay también han demandado la designación de un perito biólogo de oficio y se han reservado el derecho de nombrar un consultor técnico que se encargue de llevar a cabo las evaluaciones periciales necesarias. Michel ha enfatizado que la resolución de esta situación debe estar fundamentada en el cumplimiento de la ley, lo que implica un cuestionamiento a la gestión del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y a las decisiones que se han tomado en relación con el proyecto.
La inquietud por parte de los legisladores argentinos se basa en la memoria colectiva de la crisis provocada por la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos, en el período entre 2005 y 2010, que originó un conflicto bilateral significativo. Este episodio, conocido como el caso Botnia, resultó en tensiones diplomáticas severas y el cierre temporal del puente internacional que conecta Gualeguaychú con su contraparte uruguaya. El gobernador Yamandú Orsi ha manifestado su deseo de evitar que la historia se repita, alentando el diálogo y la búsqueda de consensos entre ambas naciones.
Desde el lado uruguayo, el canciller Mario Lubetkin ha reiterado la importancia de mantener una postura abierta al diálogo, enfatizando que la intención del gobierno es evitar repetidos episodios de confrontación. En cuanto al avance de la planta de hidrógeno verde, Lubetkin ha puntualizado que actualmente se está realizando un análisis ambiental, lo que sugiere que no hay negociaciones activas, sino que se está trabajando en el cumplimiento de los requisitos legales en curso. La comunidad internacional observa con atención esta nueva disputa, que pone a prueba la capacidad de ambos países para gestionar sus intereses y preocupaciones de manera colaborativa.
