La empresa pública Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) ha presentado una impugnación formal ante el proceso de precalificación de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, que forma parte de la “Red Federal de Concesiones - Etapa II”. Este plan, impulsado por el Gobierno nacional, busca concesionar tramos viales estratégicos en la provincia de Buenos Aires, y la intervención de Aubasa ha desatado un clima de tensión entre la compañía estatal y el Ejecutivo.

En su presentación, Aubasa cuestiona la decisión de la Comisión Evaluadora Ad-Hoc, que recomendó la exclusión de la empresa de la licitación para los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa. La empresa ha señalado que los criterios utilizados por la comisión presentan “graves irregularidades e inconsistencias jurídicas y técnicas”, lo que pone en entredicho la transparencia del proceso. Con esta impugnación, Aubasa no solo busca revertir la decisión, sino también evidenciar lo que consideran una falta de imparcialidad en la evaluación.

El presidente de Aubasa, José Arteaga, ha sido claro en sus declaraciones, al vincular la exclusión de la empresa a decisiones políticas más que a criterios técnicos. “El Gobierno nacional decidió cambiar las reglas de juego en mitad del partido para dejar afuera a AUBASA, utilizando argumentos falaces, arbitrarios y sin sustento técnico”, afirmó Arteaga, quien también subrayó que la empresa ha demostrado eficiencia en la operación de rutas y en la reinversión de sus ingresos en obras.

Arteaga enfatizó que la cuestión en juego no se limita a la verificación de requisitos formales, sino que, según su visión, es una decisión ideológica disfrazada de tecnicismo. “Mientras las rutas nacionales en territorio bonaerense se caen a pedazos por el abandono del gobierno de Milei, pretenden sacar del camino a una empresa eficiente, que sí mantiene su traza y opera con tarifas accesibles”, criticó, evidenciando su preocupación por el estado actual de la infraestructura vial en la provincia.

El conflicto surge en un contexto en el que el gobierno provincial ha manifestado su descontento con las modificaciones introducidas en la licitación por parte del Ministerio de Economía. Según denuncias de la administración bonaerense, se han alterado más de 30 artículos del pliego a pocos días del cierre para la presentación de ofertas, lo que incluye nuevas exigencias que no estaban contempladas en la versión original. Esto ha generado un clima de desconfianza hacia el proceso, donde la transparencia parece estar en entredicho.

Uno de los aspectos más controversiales del reclamo de Aubasa se centra en los criterios de evaluación de la capacidad técnica de la empresa. Según su argumentación, la Comisión Evaluadora ha exigido antecedentes de ejecución directa de obras viales, a pesar de que la licitación se refiere a una concesión integral, lo que limita las posibilidades de las empresas para demostrar su experiencia. Este nuevo requisito ha sido interpretado como una estrategia para favorecer a otros competidores en la licitación, lo que intensifica las sospechas sobre la imparcialidad del proceso.

Aubasa sostiene que ha cumplido con todas las condiciones iniciales establecidas en el pliego y denuncia que los criterios de evaluación aplicados son diferentes a los inicialmente previstos. En este contexto, la empresa reafirma su compromiso con la transparencia y la competitividad, insistiendo en que no se permitirán negociados que perjudiquen la calidad del servicio en las rutas nacionales. La situación actual pone de relieve la necesidad de un debate más amplio sobre la gestión de las concesiones viales y la responsabilidad del Estado en la supervisión de estos procesos.