Asociaciones de jueces, fiscales y defensoras de los derechos humanos reclamaron una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea luego de la incursión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta durante el jueves y el viernes, a través del espigón del Tarajal.
En un comunicado conjunto, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos España expresaron su “dolor por la pérdida de vidas humanas” y manifestaron su solidaridad con la ciudadanía de Ceuta y Melilla.
Las entidades calificaron los hechos como “graves acontecimientos” y señalaron que dejaron un saldo trágico de “al menos 72 personas fallecidas, así como un elevado número de personas heridas y desaparecidas aún por determinar”. En ese sentido, sostuvieron que la crisis requiere una respuesta institucional basada en el respeto del Estado de derecho y de los derechos humanos y fundamentales.
Las asociaciones reconocieron que el control de las fronteras es “una competencia legítima del Estado” y que responde a la obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad. Sin embargo, advirtieron que esa potestad debe ejercerse dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos.
“Ninguna finalidad, por legítima que sea, puede anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las personas”, precisaron las organizaciones en el comunicado, en el que insistieron en la necesidad de avanzar hacia una respuesta migratoria coordinada a nivel europeo.
