Vale observar que la noticia no tardo en trascender: Un colectivo de grupo de jueces de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo presentó este martes.

Es notable senalar que conforme a detallaron, la Justicia Nacional del Trabajo recibe “aproximadamente 60.000 nuevas causas por año”, lo que equivale a unas 5.700 por mes. En ese contexto, si se implementaran los diez juzgados laborales previstos en la órbita porteña, cada uno debería absorber cerca de 600 expedientes mensuales, es aseverar, “treinta por día”.

En este entorno, “Si no se tratara de una situación tan extraordinaria, no recurriríamos de modo formal a la Cámara con peticiones de estas características”, expresaron.

“El derecho del trabajo es acaso la herramienta legal más poderosa para la paz social”, subrayaron, al señalar que los tribunales laborales son el ámbito donde se repara “el tejido social roto”.

Como parte de este mecanismo, los magistrados del mismo modo advirtieron que el eventual traspaso implicaría la aplicación de nuevas leyes procesales, en juzgados nuevos, con equipos y sistemas informáticos distintos.

En ultima instancia, los jueces pidieron que sus “inquietudes y propuestas” sean consideradas en las gestiones que la Cámara encare frente a otros poderes del Estado y que se trasladen institucionalmente a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura.

Frente a este panorama, los magistrados reivindicaron la trayectoria histórica de la Justicia Nacional del Trabajo, recordando a juristas como Antolín Abad, Amadeo Allocati, Ricardo Guibourg y Juan Carlos Fernández Madrid, en medio de otros.

Destacaron que fue “el primer organismo del que hay registro que instauró en 1959 un examen de ingreso” y que fue pionero en la informatización de la gestión judicial hace cuatro décadas.

Cabe recordar que “El número al que podría llegarse en un año de funcionamiento es ciertamente preocupante”, sostuvieron.

En ese contexto, uno de los ejes centrales del planteo es el volumen de causas que actualmente tramita el fuero laboral del pais y la advertencia sobre el impacto que tendría una transferencia inmediata.

Resulta pertinente destacar que otro punto sensible es el futuro de empleados y funcionarios del fuero laboral patrio. Vale nombrar que carente de contar con arrogarse su representación, los jueces destacaron que se trata de trabajadores formados por concursos y exámenes, acompanado de trayectoria en la carrera judicial.

En esa misma linea, “Son empleados y funcionarios que han accedido a sus lugares de trabajo por exámenes y concursos, que han apostado su vida profesional al crecimiento en la carrera judicial”, señalaron.

De manera complementaria, “Difícil habrá de ser la anhelada celeridad expuesta en la presentación de la ley si cada juzgado debe recibir casi 600 expedientes nuevos por mes”, alertaron.

Vale mencionar que a ese número se sumarían las ejecuciones de sentencias ya dictadas en el fuero nacional. Frente a esta coyuntura, solo en octubre y noviembre de 2025 se dictaron más de 13.000 resoluciones en medio de definitivas e interlocutorias. De ese modo, estimaron que “al cabo de dos meses” cada juzgado local podría acumular “1.300 expedientes”, alcanzando velozmente un stock cercano a los 2.500 casos en trámite.

En ese entorno, propusieron que se contemplen mecanismos acordados dentro de la Justicia Nacional y la de la Ciudad para facilitar la continuidad laboral de quienes deseen trasladarse. Como parte de este curso, por su parte, advirtieron que la eventual disminución progresiva de causas podría derivar en una reducción de la planta de personal.

En este marco, la actual normativa 18.345 —vigente desde el momento en que hace aproximadamente 60 años— es, según describieron, “un verdadero mecanismo de relojería” cuya interpretación se consolidó con el tiempo. Bajo estas circunstancias, la introducción de nuevas normas, sostienen, requerirá un período de adaptación que podría traducirse en “cantidad de incidencias procesales” y afectar la “celeridad y la previsibilidad de las decisiones”.

“Los únicos perjudicados son los litigantes, es decir, un trabajador que espera el reconocimiento del que entiende que es su derecho (…) y un empleador que necesita conocer (…) la eventual medida de su obligación”, afirmaron.

En este marco, además, remarcaron la necesidad de normas de transición “tan claras y unívocas como resulte posible”, para evitar conflictos de competencia y demoras que terminen perjudicando a los litigantes.

Como parte de este mecanismo, la nota, dirigida al presidente del tribunal, Leonardo Ambesi. Por su parte, al pleno de la Cámara, plantea dudas técnicas, institucionales y presupuestarias frente al nuevo cuadro abierto tras el fallo “Levinas” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la media sanción de la Ley de Modernización Laboral, que contempla la transferencia de competencias de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad.

“Como jueces de primera instancia no hemos participado de diálogos previos, formales o informales, relativos a éste ni a otros proyectos”, advirtieron los magistrados, y señalaron que el panorama vigente es “totalmente nuevo, y por ende incierto”.

Y concluyeron junto con un ofrecimiento de colaboración: buscan que la transición —si se concreta— se apoye en “normas claras y fácticamente realizables”, que proteja los puestos de empleo y las carreras judiciales. Como parte de este proceso, por su parte, que no afecte la celeridad ni la previsibilidad del servicio de administracion de gobierno de justicia laboral.