La Cámara de Diputados ha dado un importante paso al otorgar media sanción al proyecto de ley denominado "Súper RIGI", que establece un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. En una votación ajustada, se registraron 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, lo que refleja la polarización existente en torno a este tema. La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, ahora se encuentra lista para ser discutida en el Senado, donde se espera una intensa negociación entre las distintas fuerzas políticas.
El proyecto "Súper RIGI" tiene como objetivo atraer inversiones mediante la implementación de una serie de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios. Entre las propuestas más destacadas se incluyen una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias para las empresas que se adhieran al régimen, así como un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura. Además, se permitirá a las empresas deducir pérdidas sin límites temporales y se establecerá una alícuota reducida del 3,5% sobre los dividendos y utilidades generadas por estas inversiones.
Otra de las características del proyecto es la eliminación de aranceles para importaciones y la eliminación de retenciones a las exportaciones, lo que podría incentivar aún más la llegada de capitales al país. Asimismo, se establece un tope del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias que adhieran al régimen, y se prohíbe el cobro de tasas municipales sobre las ventas, lo que representa un alivio fiscal significativo para las empresas. También se incluye una estabilidad regulatoria de 30 años, lo que busca brindar certeza a los inversores en un entorno económico tan volátil como el actual.
El apoyo a esta medida provino principalmente de los bloques oficialistas y aliados, como La Libertad Avanza, PRO y la UCR, entre otros. Este respaldo sugiere un consenso en ciertas áreas sobre la necesidad de estimular la economía mediante la promoción de nuevas industrias. Sin embargo, la oposición, compuesta mayoritariamente por los bloques de Unión por la Patria y otros partidos de izquierda, ha manifestado su rechazo a la iniciativa, argumentando que los beneficios fiscales otorgados a grandes empresas representan un costo elevado para el Estado.
Las críticas de la oposición se centran en el impacto fiscal que tendrá este régimen sobre las arcas públicas. Argumentan que el Estado dejará de percibir recursos significativos que podrían ser utilizados en áreas críticas como la educación, la salud o la infraestructura pública. Desde su perspectiva, el gobierno debería ser más cauteloso y evaluar si estas empresas realmente requieren de incentivos tan amplios para operar en Argentina, donde el clima de inversión ha sido históricamente complicado.
Otro punto de preocupación es la posible pérdida de soberanía que implicaría permitir que las empresas que se acojan al "Súper RIGI" puedan elegir en qué tribunales internacionales resolver cualquier disputa. Este aspecto genera inquietud entre los sectores que defienden la autonomía judicial del país y que temen que la resolución de conflictos se desplace de los tribunales nacionales a instancias internacionales, lo que podría generar un precedente peligroso.
En conclusión, la aprobación de la media sanción al "Súper RIGI" marca un momento decisivo para la política económica argentina. Con un respaldo significativo en la Cámara de Diputados, el proyecto enfrentará ahora un nuevo desafío en el Senado, donde las tensiones entre oficialismo y oposición podrían hacer que la discusión sea aún más intensa. Mientras tanto, el futuro de la inversión en nuevas industrias en Argentina se torna incierto, a la espera de cómo se desarrollarán los próximos pasos legislativos.
