En un caso que ha conmocionado a la sociedad uruguaya, la anestesista Inés Miralles ha decidido expresar su versión sobre la trágica muerte de la pediatra Soledad Barrera, quien falleció tras complicaciones derivadas de una operación de vesícula. Esta cirugía, programada y considerada de riesgo medio, se llevó a cabo en el sanatorio SMI de Montevideo, donde la paciente, de 41 años y sin antecedentes de salud relevantes, sufrió un paro cardíaco que la dejó en un estado vegetativo durante diez meses, antes de su deceso en agosto de 2024.
La historia comenzó el día de la intervención, cuando Rosario Barrera, madre de la pediatra, escuchó los gritos de su hija desde el quirófano. Este momento fue crucial, ya que la anestesista y el cirujano informaron a Rosario que Soledad había entrado en un paro cardíaco. Aunque la paciente logró sobrevivir inicialmente, el daño cerebral ocasionado por la falta de oxígeno la llevó a una condición de gravedad extrema, donde permaneció en un estado de casi total inactividad.
La situación generó una serie de acciones legales por parte de la familia Barrera, que no dudó en denunciar a Miralles ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay. Como resultado, la anestesista fue inhabilitada por cinco años debido a su actuación considerada negligente. Posteriormente, la Justicia penal la condenó por homicidio culposo, en un proceso abreviado que permitió un reconocimiento del delito a cambio de una pena más leve.
Recientemente, el caso ha vuelto a ser objeto de debate público, especialmente tras la asunción de Cristina Lustemberg como nueva ministra de Salud Pública en marzo de 2025. Lustemberg, tras recibir asesoramiento legal, decidió reducir la inhabilitación de Miralles a solo tres años, lo cual desató un fuerte descontento en la Comisión Asesora de Salud Pública, que recomendó la sanción original. De hecho, trece de los quince miembros de esta comisión renunciaron en señal de protesta, lo que ha suscitado interrogantes sobre posibles vínculos entre la anestesista y altos funcionarios del ministerio.
La denuncia de la madre de Soledad Barrera se basa en la supuesta falta de un manejo adecuado del equipamiento anestésico durante la cirugía, así como en la acusación de que Miralles se ausentó brevemente de la sala de operaciones. Esta última afirmación ha alimentado rumores sobre una posible adicción al fentanilo, un potente opioide utilizado en procedimientos médicos, lo que ha sumado más tensión a un caso ya complicado.
Además de llevar su denuncia al MSP y a la Justicia, la familia Barrera también se dirigió al sanatorio SMI, que terminó despidiendo a la anestesista. Posteriormente, la sociedad médica inició una investigación que reveló “diversas contradicciones y dudas” sobre la actuación de Miralles, lo que ha dejado a muchos preguntándose qué ocurrió realmente en el quirófano aquel día.
En medio de este panorama, Inés Miralles ha decidido alzar la voz. En su declaración, la anestesista ha manifestado que no considera haber sido la responsable de la muerte de la pediatra, argumentando que se realizaron todos los procedimientos correctos. Esta postura ha generado un nuevo capítulo en una historia que ya es un símbolo de la lucha por la justicia en el ámbito de la salud pública en Uruguay. A medida que se profundiza la investigación y se escuchan más voces, la sociedad uruguaya continúa expectante ante la resolución de un caso que ha dejado profundas heridas y muchas preguntas sin respuesta.
