En los primeros cuatro meses del año, el gobernador Axel Kicillof realizó transferencias a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires que alcanzaron casi $1,8 billones. Este monto corresponde a la coparticipación provincial y a diversos fondos destinados a la educación, el fortalecimiento de los recursos municipales y a políticas sociales y ambientales. A pesar de que la cifra total de transferencias se mantuvo relativamente estable en comparación con el año anterior, es importante detallar cómo se distribuyen estos recursos y cuáles son las implicancias de esta distribución para los diferentes municipios.

El análisis revela que, aunque la suma total de transferencias no mostró un cambio significativo, los montos asignados a cada concepto fueron alterados para adaptarse a la reducción de fondos que la Provincia recibió del gobierno nacional. Esta situación se ha visto acentuada desde la asunción de Javier Milei, cuyo mandato implicó un recorte en las transferencias a la provincia. En este contexto, los giros correspondientes a la coparticipación, que representan el 75% del total, experimentaron una disminución del 9,5% en términos reales en comparación con el año anterior, reflejando una clara tendencia hacia la reducción de recursos para ciertos municipios.

En concreto, los envíos por coparticipación alcanzaron los $1,32 billones en 2026, en comparación con los $1,46 billones de 2025, ajustados por inflación. Este descenso resalta la complejidad del sistema de coparticipación, que se basa en el Coeficiente Único de Distribución (CUD), un indicador que se actualiza anualmente según diversos criterios. En este sentido, el CUD se estructura en base a tres componentes principales: el 58% se reparte entre todos los municipios considerando la población, la superficie y la capacidad de recaudación tributaria; el 37% se asigna en función de la cantidad de establecimientos de salud; y el 5% restante se distribuye entre los municipios que ofrecen servicios sociales.

Sin embargo, la discusión en torno a la conformación del CUD ha generado tensiones significativas entre los intendentes, tanto de la oposición como del oficialismo. A pesar de que algunos de los parámetros utilizados para calcular el CUD son objetivos, como la superficie y la población, existe la percepción de que ciertos indicadores pueden ser manipulados. Este aspecto ha llevado a un cuestionamiento sobre la equidad del sistema, dado que lo que beneficia a algunos distritos se traduce en detrimento para otros, lo que genera un clima de insatisfacción generalizado.

Los intendentes han expresado sus preocupaciones respecto a la naturaleza estática del CUD, que históricamente presenta pocas variaciones. Esta falta de flexibilidad ha llevado a un estancamiento en la distribución de recursos, lo que afecta sobre todo a los municipios con menor capacidad recaudatoria y mayores necesidades. La necesidad de una revisión profunda del sistema se vuelve cada vez más urgente para evitar que la brecha entre los distritos más favorecidos y los más vulnerables siga ampliándose.

Finalmente, el desafío que enfrenta el gobierno provincial es encontrar un equilibrio en la distribución de recursos que permita no solo atender las necesidades urgentes de cada municipio, sino también fomentar el desarrollo equitativo en toda la provincia. En este sentido, es fundamental que la discusión sobre el CUD trascienda las disputas políticas y se enfoque en la creación de un sistema más justo y transparente que beneficie a todos los ciudadanos bonaerenses, sin distinción de su ubicación geográfica o capacidad fiscal.

En conclusión, la situación actual de la coparticipación en la provincia de Buenos Aires es un reflejo de las tensiones entre la necesidad de equidad en la distribución de recursos y las limitaciones impuestas por un sistema que necesita ser revisado. La respuesta a esta problemática determinará no solo el futuro de los municipios, sino también el bienestar de sus habitantes en los años venideros.