El presidente Javier Milei ha dado a conocer recientemente su propuesta de implementar un mecanismo similar al 'shutdown' estadounidense, que, en términos argentinos, implicaría la paralización de ciertos servicios estatales en caso de que se agoten los fondos presupuestarios. Esta idea plantea un profundo interrogante sobre la viabilidad de tal medida en un país con un sistema financiero y político tan diferente al de Estados Unidos. Guido Rangugni, presidente de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP), ha compartido su perspectiva sobre este tema, subrayando las diferencias fundamentales entre ambos contextos y las realidades que enfrenta el país en materia de gestión fiscal.
El 'shutdown' en Estados Unidos se activa cuando el Congreso no logra aprobar el presupuesto, lo que lleva a la interrupción de algunos servicios gubernamentales y a la suspensión de los salarios de los empleados estatales. Sin embargo, en Argentina, el sistema funciona de manera distinta. Según Rangugni, en caso de que no exista un acuerdo legislativo, se aplica la prórroga del presupuesto anterior, lo que permite al Gobierno continuar operando con los recursos disponibles hasta que se alcance un nuevo consenso. Esta diferencia esencial pone en duda la efectividad de un 'shutdown' en el contexto argentino, donde la continuidad en la gestión es clave para evitar un colapso total.
Rangugni también destacó la importancia de recalcular los pagos de deuda en el marco de un presupuesto prorrogado. La falta de ajuste en este sentido podría forzar al país a entrar en default si no se gestionan adecuadamente las obligaciones financieras. Además, se eliminan créditos de gastos que ya han cumplido su propósito, lo que podría afectar a proyectos en curso. Esta situación revela la complejidad de la gestión presupuestaria y la necesidad de realizar un análisis exhaustivo sobre las proyecciones de gastos e ingresos, así como sobre la capacidad del Estado para afrontar sus compromisos.
El especialista en presupuesto hizo hincapié en que, a diferencia de EE.UU., el mecanismo de 'shutdown' no es aplicable en Argentina cuando el presupuesto resulta insuficiente. La estructura legal argentina permite que el Gobierno continúe operando con el presupuesto anterior hasta que se logre un acuerdo, lo que sugiere que la propuesta de Milei podría no tener la efectividad esperada. En este sentido, el anuncio del presidente podría estar más orientado a generar una respuesta política que a establecer una solución real ante la crisis fiscal.
El contexto económico argentino es complejo y se caracteriza por constantes ajustes y ampliaciones del presupuesto. Rangugni advierte que, para 2026, se proyecta un nivel de gasto que superará ampliamente lo asignado en el presupuesto actual, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del Gobierno para contener el gasto. Este escenario es recurrente en la historia fiscal del país y pone de manifiesto las falencias en la proyección de ingresos y la planificación del gasto público.
Además, el especialista señala que las proyecciones de crecimiento y de inflación suelen estar desfasadas, lo que contribuye a la mala planificación del presupuesto. Las expectativas de un crecimiento mayor y de una inflación menor a la que finalmente se presenta generan un desbalance significativo que afecta la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones. Este ciclo vicioso de subestimación de la inflación y sobreestimación del crecimiento podría llevar a situaciones de crisis cada vez más profundas, dificultando la implementación de medidas efectivas para stabilizar la economía.
En conclusión, la propuesta de implementar un 'shutdown' en Argentina, tal como se conoce en Estados Unidos, parece poco viable. Las diferencias estructurales y operativas entre ambos sistemas sugieren que el enfoque del Gobierno debería centrarse en una revisión exhaustiva y realista del presupuesto, en lugar de recurrir a mecanismos que podrían resultar contraproducentes en el contexto argentino. La gestión de recursos y la búsqueda de consensos legislativos son esenciales para evitar situaciones extremas y asegurar la funcionalidad del Estado.
