Vale referir que la Red definio su panorama y presentó una denuncia delante de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría por presuntas irregularidades en.
Como parte de este procedimiento, la denuncia no se limita a Bayona, ya que la Red de Veedurías cuestionó la llegada al fondo de otros exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Salud. De manera complementaria, entre ellos mencionó a Salomón Odín Figueroa, presente director jurídico, y a Any Alejandra Tovar Castillo, vinculada a procesos contractuales, ambos de la mano de antecedentes en la entidad de control.
En este ambito, el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó la queja el 17 de febrero delante de el órgano disciplinario, donde recibió número de registro. De acuerdo acompanado de el documento, se expuso una versión que habla de una supuesta crisis interna asociada a falta de formalidad en la contratación, debilidades en la supervisión del servicio y demoras en el pago de facturas, situaciones que afectarían la estabilidad institucional.
El veedor insistió en que la viable incompatibilidad resulta sancionable conforme a los estatutos legales: “En su posición habría incurrido en un conflicto de intereses, consistente en que su esposa era la vigilante de la Fiduprevisora y del Fomag, encargada de imponer multas. Al analizar la cuestion, la ley prohíbe ese tránsito cuando existe relación directa entre quien vigila y quien pasa a la entidad vigilada”.
Frente a este perspectiva, la organización agregó en ese mismo mensaje: “Como si fuera poco, Salomón Figueroa, que como jurídico de Supersalud era subordinado de su esposa, ahora está del lado opuesto. Vale mencionar que ¿Cómo responderán el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal y la exministra Carolina Corcho, hoy candidatos al Senado, y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo?”.
Vale mencionar que el cuadro también involucra a figuras como Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud. Carolina Corcho, exministra y aspirante al Senado por el Pacto Histórico; y el actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que aparecen mencionados en el pronunciamiento de la veeduría por su papel en la dirección del area bienestar.
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En ese contexto, para Bustos, este movimiento de personal desde organismos de vigilancia hacia la administración del fondo “plantea dudas serias sobre la independencia institucional”. Como parte de este curso, a su juicio, el tránsito de funcionarios a partir de la dirigente que ejerce control hacia el ente vigilado afecta la confianza pública y exige revisión por parte de los órganos competentes.
Frente a esta perspectiva, bustos centró sus cuestionamientos en la figura de Hernán Arnulfo Bayona, vicepresidente del Fomag. En palabras de el veedor, aseguro que el directivo “se habría posesionado incurso en un conflicto de intereses” por la relación junto con su entonces esposa, Glenda Paola Arlant Cobo, que ejerció como superintendente delegada con miras a Investigaciones Administrativas en la Superintendencia Nacional de Salud.
En un pronunciamiento de acceso abierto, la Red de Veedurías señaló: “El actual vicepresidente del Fomag se habría posesionado incurso en un conflicto de intereses porque su exesposa era la jefa de investigaciones de la Supersalud que habría tratado de multar a la Fiduprevisora y al Fomag. Vale mencionar que y, oh sorpresa, llega su esposo, teniendo en cuenta que el Estatuto Anticorrupción prohíbe que las personas que ejercen vigilancia y control o sus allegados lleguen a las entidades vigiladas”.
Resulta pertinente destacar que “La inexperiencia ha terminado de llevar al escenario de crisis. A su llegada a la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones o del Fomag, al estilo autoridad de inspección, vigilancia y control, revisan todo, lo cuestionan, lo atacan, denuncian y señalan todos los aspectos que consideran mal y se enfocan en eso,. Cabe recordar que dejan de efectuar pagos por servicios de salud, suscribir contratos o liquidar obligaciones. Todo se convierte en una cortina de humo en la que aseguran que salvan a la población docente del país, mientras atacan a todo lo anterior, no siempre con argumentos objetivos”, afirmó.
Es trascendente senalar que conforme a lo senalado por la organización, mantuvo que el Fomag enfrenta retrasos en la formalización de contratos y en el pago a prestadores de servicios de salud. Frente a esta contexto, tal como informo la denuncia, esta contexto genera cartera pendiente y peligro de acciones judiciales por obligaciones no canceladas.
