Un grupo de aproximadamente 500 académicos ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando una mayor transparencia y acceso a la documentación histórica que se encuentra bajo la custodia del Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI). En su misiva, los firmantes, que provienen de casi cincuenta universidades en España, así como de instituciones académicas en Argentina, Estados Unidos y varios países europeos, demandan la liberación de millones de documentos que abarcan desde el siglo XIX hasta la época de la Segunda República y el franquismo, actualmente restringidos en contravención de las normativas internas del propio ministerio.
Los académicos, dedicados a la investigación y enseñanza en áreas como historia contemporánea y ciencia política, expresan su preocupación por las dificultades que enfrentan para acceder a estos valiosos documentos. En su carta, subrayan que el acceso a archivos públicos es un derecho ciudadano reconocido a nivel internacional y que la falta de disponibilidad de estos documentos no solo limita el avance del conocimiento histórico, sino que también infringe las normas que rigen la gestión documental del AGMI. Esta situación ha generado un creciente malestar entre los investigadores, quienes consideran que el archivo ministerial debería centrarse en la gestión de documentos administrativos, mientras que la custodia de documentos históricos debería corresponder a archivos especializados.
A pesar de la normativa existente, el AGMI alberga una vasta cantidad de documentos que superan los 30 años de antigüedad, lo que va en contra de las regulaciones que estipulan que la documentación histórica debe ser transferida a archivos adecuados. Los académicos han señalado que la existencia de “decenas de miles de cajas, con millones de documentos” limita las posibilidades de investigación en temas cruciales de la historia reciente de España. Esto ha llevado a que muchos estudios sobre periodos como el franquismo deban enfrentarse a obstáculos que en otros archivos no se presentan, como la falta de disponibilidad de instrumentos de consulta y el manejo ineficiente de las solicitudes de acceso.
La carta también denuncia las demoras significativas en la respuesta a las solicitudes de acceso a información, así como la entrega de documentos que, a pesar de no estar restringidos, llegan con marcas de censura actual, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de la información proporcionada. Los firmantes hacen un llamado a la revisión de las normativas internas que rigen la gestión del AGMI, sugiriendo que estas deben actualizarse para alinearse con las actuales prácticas de transparencia y apertura en el ámbito archivístico, tanto a nivel nacional como internacional.
Ante esta situación, los investigadores exigen que se realice una transferencia inmediata de la documentación histórica al Archivo General de la Administración, un proceso que ya ha sido autorizado pero no ejecutado. Al hacerlo, no solo se garantizaría el cumplimiento de la normativa vigente, sino que también se contribuiría a la preservación y difusión del patrimonio documental. En un tiempo donde el acceso a la información se considera un pilar fundamental de la democracia, la respuesta del ministro Marlaska a esta solicitud podría tener un impacto significativo en el ámbito académico y en la sociedad en su conjunto.
Este llamado a la acción es un reflejo del compromiso de los académicos por la transparencia y la libertad de acceso a la información, principios que son esenciales para el desarrollo de una sociedad informada y participativa. La respuesta del gobierno a esta solicitud podría marcar un precedente en la manera en que se gestionan y se accede a los archivos públicos en España, estableciendo un modelo que priorice el acceso a la información y el respeto por la memoria histórica.
