A medida que se acerca el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el régimen de la isla ha intensificado su control sobre la población mediante un sistema de vigilancia digital y represión sistemática. Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, ha expresado su preocupación por la creciente represión que se manifiesta en la detención de opositores y la restricción de libertades fundamentales. Su advertencia, pronunciada en el programa De buena fuente, refleja una realidad inquietante: el régimen cubano parece no establecer límites en su accionar represivo.
La organización, con sede en España, ha revelado en su informe mensual cifras alarmantes: actualmente hay 1.306 presos políticos en la isla, incluyendo a 40 menores, una cifra sin precedentes que se da justo antes del aniversario de las históricas manifestaciones que desataron una ola de descontento social. En el contexto de estas detenciones, se estima que cerca de ocho mil personas fueron arrestadas en respuesta a las protestas, lo que demuestra la magnitud de la represión ejercida por el gobierno cubano.
En un análisis más profundo, Larrondo señala que en el último semestre se han registrado más de 175 nuevos casos de presos políticos, con 32 confirmados en el último mes y otros 21 en proceso de verificación. Esta tendencia marca un cambio drástico en comparación con los años previos al 11J, cuando el país contabilizaba entre 140 y 150 detenciones anuales. Ahora, la cifra mensual supera lo que anteriormente se consideraba un total anual, lo que pone de manifiesto la escalada del autoritarismo en la isla.
El perfil de los detenidos también muestra un cambio significativo. Las mujeres, que tradicionalmente representaban entre el 3% y el 5% de los presos políticos, ahora constituyen más del 20% de las nuevas detenciones. Además, la inclusión de menores en estas estadísticas resalta una tendencia preocupante: en marzo se registraron casos de jóvenes detenidos, y en el último mes se sumaron seis nuevos casos, lo que indica una estrategia del régimen para silenciar a las voces más vulnerables de la sociedad cubana.
Larrondo subraya que esta situación no es casual, sino que responde a una lógica sistemática del régimen que persigue a cualquier individuo capaz de influir en la opinión pública, como periodistas, activistas y artistas. En este sentido, el activista y artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha sido un símbolo de resistencia pacífica, ha sido objeto de atención especial por parte de las autoridades. Al día anterior al aniversario, Otero Alcántara logró enviar un mensaje breve indicando que se encontraba bien, pero su familia no tenía información sobre su paradero, lo que genera preocupación por su seguridad.
El análisis de Larrondo distingue entre dictaduras y regímenes totalitarios, argumentando que en este último la represión es aún más brutal y sistemática. En este contexto, el poder no solo ignora las normas que establece, sino que las quebranta cuando le resulta conveniente, sin necesidad de justificar legalmente sus acciones. Este comportamiento pone de relieve un sistema en el que la violación de los derechos humanos se convierte en una práctica habitual y aceptada.
Finalmente, el objetivo de esta represión parece ser claro: silenciar cualquier voz disidente que pueda desafiar al régimen. Larrondo concluye que la lógica de las autoridades cubanas es clara: no permitir que figuras como Otero Alcántara tengan un espacio para expresarse, ya que su mensaje pacífico podría resonar entre la población. Así, el régimen opta por la eliminación de la voz pública de estos individuos, marcando un nuevo capítulo en la historia de la represión en Cuba.
