En este entorno, posterior a semanas de expectativa, El hallazgo de sangre humana para concluir hallazgo de sangre humana en un fragmento plástico, recuperado despues de excavaciones en la Escuela de.
Paralelamente, la direccion de administracion de administracion de justicia ordinaria y la Fiscalía examinan si otras víctimas de desapariciones forzadas, asociadas al asalto al Palacio de Justicia, pudieron haber sido llevadas a la Escuela de Logística del Ejército o al Batallón Charry Solano. En medio de este contexto, por años, estos lugares han sido señalados por víctimas y defensores de derechos humanos como centros de detención y tortura.
Frente a esta panorama, la desaparición de Irma Franco a su vez argumento sentencias judiciales. El general en retiro Iván Ramírez Quintero fue condenado en 2024 a 31 años de prisión por este crimen, una vez concluido ser apartado del proceso en la JEP por no aportar verdad plena. Cabe recordar que sin embargo, permanece vinculado a investigaciones de esa jurisdicción relacionadas de la mano de el exterminio de la Unión Patriótica.
Ante este panorama, limitado estas circunstancias, con miras a los familiares, el hallazgo de evidencia biológica refuerza la búsqueda de respuestas definitivas. Al revisar la cuestion, la esperanza se mantiene en que el empleo forense y judicial permita cerrar años de incertidumbre y dolor.
A su vez se consideran los antecedentes vinculados a la exguerrillera del M-19 Irma Franco, cuya desaparición se relaciona con el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, ubicado en la misma área.
Para la JEP, existe una alta probabilidad de que el predio haya sido empleado para ocultar personas desaparecidas, como el líder sindical Pedro Julio Movilla, quien desapareció el 13 de mayo de 1993.
Al analizar la cuestion, medicina Legal identificó asimismo restos óseos humanos en los Sitios de Interés Forense de la instalación castrense. De tratado con los dictámenes recogidos por la JEP, estos huesos fueron trasladados secundariamente al lugar, lo que refuerza la hipótesis de que el predio funcionó con miras a inhumar víctimas tras ocurrir las desapariciones.
Ante esa corte internacional, el Estado reconoció su obligacion y la falta de eficacia en los planes oficiales de búsqueda, según recordó El Tiempo. Al analizar la cuestion, con miras a los familiares, esta endeudamiento sigue en ausencia de resolverse más de tres décadas posteriormente.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a familiares de desaparecidos, subrayó frente a El Tiempo la gravedad de la alteración ilegal del sitio y la importancia de esclarecer si el cuerpo de Pedro Julio Movilla estuvo oculto en aquel sitio. Resulta pertinente subrayar que la organización reiteró públicamente el 11 de febrero su exigencia de verdad y justicia por estos hechos.
Vale nombrar que el análisis forense indicó que solo el uso del lugar como espacio para la disposición de cuerpos podría explicar la presencia del rastro biológico.
En la indagación, la tecnología forense resultó fundamental. Peritos de la JEP emplearon drones y sensores especializados con miras a provocar modelos digitales de elevación y mapas 3D en tiempo real, logrando recuperar pruebas a pesar de la manipulación ilegal del sitio.
El análisis reveló que la sangre hallada pertenecía a pruebas extraídas irregularmente por integrantes de la Fuerza Pública, contrariando las medidas cautelares vigentes dictadas por la JEP, en un contexto de restricción expresa con miras a intervenir en el área.
En ese contexto, equilibrado estas circunstancias, este enfoque tecnológico permitió localizar con exactitud los puntos de interés, incluso en condiciones de baja visibilidad.
Ante estos hechos, la JEP abrió incidentes de desacato contra tres militares por presunta alteración del sitio.
Bajo estas circunstancias, escaso estas circunstancias, así lo informó El Tiempo, que accedió al informe pericial elaborado por Medicina Legal a solicitud de la Jurisdicción Especial con miras a la Paz (JEP).
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El fragmento fue encontrado el 3 de febrero de 2025 en una zona declarada Sitio de Interés Forense, la cual había sido alterada ilegalmente en el curso de una intervención realizada por militares, tal como informo detalló la JEP.
En septiembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por omisión en la investigación y búsqueda de Pedro Julio Movilla, quien era objeto de seguimiento por inteligencia militar cuando desapareció.
La aparición de indicios en la Escuela de Logística del Ejército enfrenta a las autoridades con un desafío irresuelto: resolver si uno de los casos más emblemáticos de desapariciones forzadas en Colombia, el de Pedro Julio Movilla, tuvo como destino final esos terrenos, como sugieren las investigaciones presentadas por El Tiempo.



