A partir del 29 de junio de 2026, Uber llevará a cabo una de las reformas más drásticas en su historia en lo que respecta a la verificación de antecedentes penales de sus conductores. Esta nueva política, que afectará a miles de choferes en todo Estados Unidos, será aplicada tanto a quienes se incorporen por primera vez a la plataforma como a aquellos que ya están activos. La medida se implementa en un contexto de creciente presión judicial y mediática, luego de que la compañía enfrentara más de 3.000 demandas vinculadas a agresiones sexuales ocurridas en sus vehículos. En febrero de este año, un jurado dictó una sentencia de 8,5 millones de dólares contra la empresa, al considerar que no hizo lo suficiente para prevenir un ataque perpetrado por un conductor.
Este cambio de política era una reforma que Uber había postergado durante años, pero la acumulación de casos judiciales y la presión de la opinión pública han acelerado su implementación. Hasta ahora, ciertos antecedentes penales dejaban de tener efecto tras un periodo de tiempo, con criterios que variaban considerablemente de un estado a otro. Sin embargo, la nueva normativa abolirá este sistema, permitiendo a Uber rastrear el historial residencial completo de cada conductor por medio de su número de Seguro Social (SSN), con un alcance de hasta 99 años. Esto significa que la plataforma podrá acceder a registros judiciales en todas las jurisdicciones donde el individuo haya residido, sin importar el tiempo transcurrido desde su condena.
Los conductores ya activos no están exentos de esta nueva política. Deberán someterse a verificaciones ampliadas durante sus revisiones anuales, lo que podría tener un impacto significativo en su capacidad de continuar trabajando para la empresa. Además, la política no solo se aplicará a los choferes, sino también a los repartidores de Uber Eats y otros servicios de entrega que la compañía ofrece, lo que amplía aún más el alcance de la reforma.
Uber ha ampliado la lista de delitos que resultan en la inhabilitación definitiva para operar en su plataforma. A las prohibiciones ya existentes, que incluían homicidio, secuestro, terrorismo y delitos sexuales, se sumaron nuevos delitos que la empresa considera inaceptables. La compañía ha trabajado en conjunto con expertos en seguridad pública y organizaciones que se dedican a la prevención de la violencia para desarrollar estas modificaciones, lo que sugiere un intento de alinearse con las expectativas de seguridad de los usuarios.
El sur de Florida será una de las regiones más afectadas por esta nueva política, dado que alberga algunos de los nodos de transporte más concurridos de Estados Unidos. El Aeropuerto Internacional de Miami, el Aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood, el Puerto de Miami y Puerto Everglades generan una demanda constante de viajes, convirtiendo a esta área en uno de los mercados más significativos para Uber en el país. Las ciudades de esta región, como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, son algunas de las que presentan una mayor exposición al impacto de la reforma.
La dependencia de muchos residentes de estas ciudades en Uber como fuente principal o secundaria de ingresos pone de manifiesto las posibles repercusiones económicas que la medida podría acarrear. Aunque la empresa no ha especificado cuántos conductores en Florida podrían perder su autorización para operar, se espera que la implementación de estas verificaciones se aplique de manera uniforme a nivel nacional. Los expertos advierten que, si bien controles más estrictos pueden incrementar la confianza de los usuarios en la plataforma, también podrían reducir temporalmente la disponibilidad de conductores si un número significativo de ellos queda inhabilitado. Así, el futuro de la movilidad en el sur de Florida y en el resto del país podría verse afectado de manera considerable por esta nueva normativa de Uber.
